La opacidad en torno a las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sufrió un revés judicial determinante. La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó este lunes al gobierno de Javier Milei brindar información detallada sobre el envío de lingotes al exterior realizado en junio de 2024, una maniobra que hasta ahora se mantenía bajo un hermético silencio estatal.

El fin del secreto genérico
La decisión de los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani revoca un fallo de primera instancia que le permitía al BCRA ocultar los datos bajo la excusa de «seguridad del sistema financiero». En esta oportunidad, la Justicia fue tajante: el Estado no puede invocar «razones genéricas» para negar información que es de indudable interés público.
«La reserva total de la información, sin fundamentación adecuada, es violatoria de los principios de transparencia y buena fe», sostiene el fallo que le da la razón a la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo.

Cronología de una demanda por transparencia
El conflicto escaló desde septiembre del año pasado, cuando el gremio bancario presentó un amparo para conocer el destino y las condiciones del traslado del oro.
La negativa oficial: El BCRA se escudó en el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública, alegando que revelar los datos ponía en riesgo la seguridad de los activos.
El argumento de La Bancaria: En su apelación, el gremio sostuvo que el secretismo impide el «control social» sobre decisiones que afectan la soberanía económica, el valor de la moneda y la credibilidad institucional del país.
La respuesta judicial: Para la Cámara, la respuesta del BCRA fue «incompatible con los principios de máxima divulgación». Los jueces señalaron que el banco no logró demostrar cómo es que informar sobre el destino del oro constituye un peligro real para el sistema.

¿Por qué es importante para la ciudadanía?
El fallo subraya que la administración de las reservas no es un asunto privado de los funcionarios de turno, sino un pilar de la transparencia de los asuntos de gobierno. Conocer dónde están los lingotes, bajo qué custodia y con qué fin fueron movilizados es, según la Justicia, un derecho de acceso a la información pública que debe ser garantizado de manera «razonable».
Tras este revés, el Banco Central queda obligado a romper el silencio y explicar, finalmente, qué pasó con el oro de los argentinos que cruzó la frontera en el invierno de 2024.

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