Por Gastón Remy (economista – concejal). En 17 días hábiles Gerardo Morales hizo su Reforma de la Constitución. Fue por unanimidad con el voto del bloque Justicialista que terminó abrazado al Gobernador.
Incorporó a su manera el código penal a la Constitución, prohibiendo expresamente los cortes de calles y rutas. Además de darle rango constitucional al código contravencional que es la herramienta con la cual se multa, sanciona y persigue a todo aquel que se manifieste en las calles contra el gobierno o por el solo hecho de denunciar las injusticias.
Su aprobación express durante la madrugada del viernes 16 fue en respuesta al masivo rechazo a la reforma que se extendió por toda la provincia ganando las calles y rutas. Estas acciones y el paro docente que ya lleva diez días obligaron a la UCR a retirar dos puntos reaccionarios de la Reforma, el que pretendía quitar el derecho a votar cada dos años y, el otro que aseguraba a quien ganara la gobernación la mitad más uno de los legisladores.
También Morales tuvo que retirar un decreto (8464/23) emitido el 8 de junio por el cual pretendía endurecer las penas y cesantear a empleados públicos e inhabilitar a funcionarios públicos que participaran de manifestaciones.
Las movilizaciones pese a la aprobación de la reforma continuaron y también los cortes el viernes 16 y durante el sábado 17 en La Quiaca, Humahuaca, Tilcara, en el ingreso a San Salvador de Jujuy, ruta 66 frente a Palpalá, en San Pedro, Caimancito y Libertador Gral. San Martín sobre la ruta 34. Además, las comunidades de San Pedro, Abra Pampa y Purmamarca enfrentaron la represión y evitaron los desalojos durante toda la jornada.
Desde el PTS/Frente de Izquierda exigimos a las centrales sindicales el paro nacional en apoyo al pueblo de Jujuy. La CTERA definió un paro nacional para la semana próxima. Llamamos a los compañeros y compañeras del FITU y al conjunto de las organizaciones sociales a impulsar juntos una jornada de lucha nacional, a la vez, que denunciamos la represión a las comunidades por parte del gobierno de Morales y las detenciones de manifestantes, periodistas y a la diputada (mandato cumplido) y convencional constituyente, Natalia Morales.
El pueblo trabajador con sus acciones y la solidaridad enorme con los docentes de paro demuestra que se levantó tras 8 años de persecución del gobierno y su Justicia. Y que tiene fuerzas enormes para enfrentar a gobiernos que reprimen y ajustan al pueblo trabajador mientras facilitan el saqueo del litio como en Jujuy.
Pero también como en Salta, donde los docentes autoconvocados que enfrentaron la represión del gobernador Sáenz, un aliado del gobierno nacional, lo hicieron retroceder y tuvo que vetar parcialmente su Ley anticortes y ofrecer una cláusula gatillo al salario docente.
La represión policial y la resistencia de las comunidades y el pueblo abrieron una crisis al gobierno. Que sigue empecinado en negar el masivo repudio a su Reforma y a través de sus convencionales sostuvo que los cortes los hacen “turistas piqueteros”.
El problema de un gobierno –secundado por el PJ – que pierde el contacto con la realidad abre escenarios de uso ilimitado de la fuerza represiva como ha sucedido a lo largo de la historia de la provincia y del país, descargando sus fracasos, sobre las espaldas del pueblo trabajador que sale a enfrentarlos.
Rodear de apoyo a Jujuy es vital para fortalecer todas las luchas en curso y las que vendrán por parte de gobiernos ajustadores y patronales que se la están llevando en pala y no quieren ningún tipo de cuestionamiento por parte de la clase trabajadora. De hecho, la Unión de Empresarios de Jujuy, Unión Industrial de Jujuy, Cámara de Comercio y Servicios, Sociedad Rural jujeña, Cámara de Comercio exterior, entre otros sectores, saludaron y apoyaron la nueva Reforma.
Y no bien comenzó la Convención Constituyente el propio Morales tomó licencia horas después de presidir la sesión y fue a la expo Arminera donde junto a Sáenz (Salta) y Jalil (Catamarca) llamaron a los empresarios a sumarse a la “mesa del litio”. El titular del pulpo Allkem solicitó 30 años de seguridad jurídica. En materia de saqueo minero, no hay diferencias entre Juntxs y el FdT, tampoco en endurecer las leyes represivas para imponer el ajuste y el saqueo de los recursos.
El lado B de la constituyente de Morales
La reforma de la Constitución impulsada por Gerardo Morales comenzó con la compra del voto de un diputado provincial del PJ (Posadas) para así alcanzar los dos tercios que necesitaba la aprobación del proyecto de Reforma parcial, finalmente Ley ° 6302. Esto sucedió el 27 de septiembre de 2022.
A partir del inicio de la Convención misma el 22 de mayo de 2023 se dio el primer acto de mentira y fraude. Lo encabezó el propio Morales, en su calidad de presidente de la Convención, cuando en su discurso de apertura sostuvo que “respecto al régimen electoral, algo que no se ha debatido tanto pero que estamos planteando a esta Convención, la posibilidad de que tengamos elecciones cada 4 años y que salgamos del esquema de renovación bianual”.
La eliminación de las elecciones de medio término nunca había sido anunciada por la UCR que hizo la propuesta de Reforma, y eso que tuvo tiempo, dado que la propuesta de cambiar la Constitución comenzó con un acto público del Gobernador el 12 de septiembre de 2022.
Durante la apertura de la Convención, ese mismo día, ocurrió también un acto de bandolerismo. La UCR propuso reglamento para que la Reforma se hiciera por simple mayoría, cuando podría haber sido por dos tercios de los votos. Más aún, sabiendo que el oficialismo tenía 29 de 48 convencionales, el PJ aceptó ese reglamento. Solo el FITU lo rechazó. De esta manera, la UCR ya tenía la llave de la Convención en su mano.
El segundo acto de mentira y fraude ocurrió el 2 de junio cuando se dio a conocer el texto de Reforma de la UCR. Hasta ese día las comisiones llevaban siete días funcionando sin texto. Recibían a funcionarios de la UCR, empresarios y en menor medida a algunos gremios y referentes vecinales, profesionales, pero se hablaba en general. Un verdadero “charlatorio”. Es entonces que aparece en este texto, el punto 11 del Artículo 86 “Derecho Electoral”, que afirmaba:
“El sistema electoral proporcional regirá para las elecciones de convencionales constituyentes, diputados, el que deberá asegurar al partido que obtenga la mayoría de los votos en las elecciones para Gobernador la mitad más uno de las bancas de la Legislatura; y el sistema para concejales y comisionados municipales, de acuerdo a sus características particulares”
Este breve punto, apuntaba a un cambio estructural de todo el régimen de gobierno, dado que no solo le otorgaba al Poder Ejecutivo de turno el control de la Legislatura, bajo el argumento de la “gobernabilidad”; sino que junto al sistema de designación de jueces a propuesta del Ejecutivo y en acuerdo con la primera mayoría del Poder Legislativo, quien ejerciera la gobernación se hacía de la suma del poder público.
Gerardo Morales, y los suyos, nunca había explicado al pueblo que pretendían hacer este cambio; pero sí lo habían hecho al PJ que disponía de los borradores del texto de Reforma. Solo fue el FITU el que no bien escuchó estos rumores en el marco de las comisiones lo hizo público, explicando al pueblo trabajador lo que los radicales se traían entre manos, y pasaron algunos días hasta que el texto oficial lo confirmó.
Y no faltaron los hechos de violencia. En la comisión “Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías” donde se discutió el derecho a la manifestación, la UCR dejó afuera, ni más ni menos, a referentes de derechos humanos de la provincia; cuestión que valió el repudio del premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo.
También se aplicaron mociones de censura a los convencionales, Natalia Morales, por denunciar el saqueo del litio, y a Gastón Remy, por transmitir desde su celular lo que se discutía en su comisión “Poder Legislativo, Ejecutivo y nuevos organismos de rango constitucional”.
El último acto de bandolerismo se consumó cuando la UCR decidió dar por finalizada la Convención. Esto ocurrió el 8 de junio cuando el oficialismo notifica en la reunión de bloques (“labor parlamentaria”) que daba por finalizado el funcionamiento de las comisiones que llevaban tan solo diez días, entre los cuales, en solo tres hubo texto oficial. De esta manera, ejecutaban una reforma express.
El PJ cuestionó este cierre abrupto y exigió plazo hasta el 19 de junio. Desde el FITU, se entregó una nota a la presidencia de la Convención rechazando el cierre, exigiendo que se respete la lista de todos los invitados que quedaban afuera de las comisiones, y recordaron que por Ley la Convención tenía plazo para funcionar hasta el 22 de agosto.
Convencionales del pueblo trabajador
“Acá venimos a hacer una nueva Constitución como el pueblo nos pidió” se escuchaba en las comisiones de boca de los convencionales de la UCR y el PJ. Aunque el pueblo nunca pidió una reforma, así en su nombre, pretendían crear un “espíritu de cuerpo”, donde supuestamente había que dejar las “ideologías de lado” y teníamos que ser parte de “un equipo” que saque la “mejor Constitución”.
Nada de esto es nuevo. Es el discreto encanto con el cual las fuerzas tradicionales pretenden engañar al pueblo. Todo este verso, se pretendió difundir a contramano, incluso, de una realidad donde cada vez es mayor el descrédito de las fuerzas políticas tradicionales y sus instituciones, dado que rápidamente –una vez en el poder– traicionan sus postulados de campaña y pasan a modo ajustador.
El rol de las y los convencionales del PTS-FITU estuvo basado en el mandato popular de rechazo de la reforma compartido con sindicatos, organizaciones sociales, comunidades originarias, agrupaciones estudiantiles y feministas, organismos de derechos humanos, entre otros, fundamentalmente por dos motivos: 1) que venía a quitar y restringir aún más el derecho a la manifestación del pueblo (sindicatos, organizaciones sociales, madres del dolor, comunidades) todas vienen siendo hostigadas por la Justicia y Policía de Morales.
Con la “prohibición de los cortes de calles y de rutas” del proyecto de Reforma, y la incorporación del Código Contravencional a la Constitución, el brazo represivo del Estado se iba a profundizar; 2) los verdaderos problemas del pueblo trabajador no se iban a tratar. Ni un salario mínimo igual a la canasta familiar, ni el trabajo genuino y con derechos, ni el acceso a la vivienda, ni la salud, educación y transporte de calidad; menos aún la garantía del acceso a la tierra a las comunidades y el fin del saqueo de los recursos como el litio.
El artículo 5° de la Ley de Reforma dejaba en claro que: “Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose del alcance establecido en el Artículo 2 de la presente Ley”.
Parados entonces desde la trinchera del “NO” a la Reforma de Morales, e inspirados en las tesis de la Tercera Internacional sobre el papel de los socialistas revolucionarios en los parlamentos [1], las y los convencionales del PTS-FIT desplegaron la táctica del boicot de la Convención desde adentro.
Fueron informando, minuto a minuto, cada uno de los atropellos que preparaban: el reglamento a medida de la UCR; la no transmisión de las comisiones, y luego de difundir el video de censura a Gastón Remy, lograr la transmisión desde sus redes sociales rompiendo así el “secretismo”; denunciar la falta de texto oficial de Reforma y como ya estaba todo cocinado, armaban un falso debate donde incluso mostraban videos desde la cuenta oficial de la Convención sin voz, como si fuera el cine de Chaplin, aunque en colores; abrir las bancas a todas las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, comunidades originarias, profesionales, cuestión que llevó al acto de censura de la UCR que limitó las invitaciones a solo cinco personas; advirtieron que no solo se buscaba prohibir el derecho de protesta en calles y rutas, sino también denunciaron no bien escucharon los rumores la intención de Morales de quitar el derecho al voto cada dos años y la cláusula para que el Poder Ejecutivo controle la Legislatura, como también el cierre abrupto y la votación express de la Reforma que terminó siendo en la madrugada del viernes 16.
Mientras las y los convencionales ejercían estas denuncias, advertencias e informaban al pueblo de qué se trataba la Convención (buscando romper el cerco mediático local con comunidades y entrevistas al diputado Alejandro Vilca en medios nacionales), poniendo al desnudo las mentiras y los actos de bandolerismo de las fuerzas tradicionales, llamaban a la acción por fuera de la Convención para frenar la Reforma.
Solidarizándose con los docentes en paro, participando de sus movilizaciones, llevando volantes para explicar el peligro en caso de aprobarse la Reforma, cuestión que valió una furiosa campaña del gobierno a través de solicitadas, declaraciones de funcionarios y de sus “influencers” pagos para desprestigiar el rol de los Convencionales saliendo del parlamento y yendo a las marchas para informar al pueblo y apoyar la lucha docente. El resultado para el gobierno fue adverso, el apoyo a la izquierda creció, pero también se masificó el rechazo a la Reforma y confluyó con el reclamo salarial de docentes y estatales que en dos semanas ganó masividad por toda la provincia haciendo retumbar el grito, “Arriba los salarios, Abajo la Reforma”.
La resolución íntegra y efectiva del reclamo salarial docente y el rechazo a la reforma exige el paro general. La izquierda exigió medidas de fuerza en este sentido a la CGT y CTA, que con el correr de los días se pronunciaron en contra de la Reforma, pero las conducciones no pasaron de las palabras a concretar en los hechos un paro total de todas las actividades en el sector público y privado.
Son este tipo de acciones de la clase trabajadora, en unidad entre ocupados y desocupados, paralizando la producción y la circulación en las rutas, las que podían hacer que Morales retirara su Reforma.
Y son las que están aún planteadas para tirar abajo la Reforma aprobada y abrir paso al conjunto de reclamos del pueblo trabajador que no quiere más ajuste y saqueo de los recursos. No puede pasar un minuto más para que las centrales sindicales, cuyas conducciones están en manos de dirigentes del PJ, llamen al paro general contra la represión, por el salario y para tirar abajo la Reforma.
Por último, la salida de la Convención de las y los convencionales del FITU respondió a que ya estaban agotadas las posibilidades de seguir denunciando todas las maniobras del régimen, cuando ya UCR y PJ se aprestaban a votar la Reforma; y por otro lado, la renuncia el día miércoles 14 estuvo puesta en función de profundizar la exigencia del paro general a las centrales sindicales que recién el viernes 16 llaman a parar y a una movilización, aunque advirtiendo incluso que para ese día la Reforma ya podría estar votada tal como sucedió.
La UCR calificó la renuncia de la izquierda a la Convención de “sin vergüenza” y el PJ de “irresponsable”. En ambos casos, las fuerzas que terminaron los abrazos luego de la votación unánime de la Reforma, acusaron recibo porque la izquierda con su renuncia dejó al desnudo que se trataba de una farsa a espaldas del pueblo, al cual, votaron quitarle el derecho a la protesta.
Una izquierda para la lucha de clases
El reconocimiento de docentes, trabajadores, jubilados, estudiantes, mujeres a la labor de las y los convencionales de la izquierda, “no bajen los brazos”, “gracias por informarnos”, “sigamos peleando”, es una muestra de cuál es el rol o la utilidad que pueden jugar las bancas en pos de un proyecto revolucionario. No solo en acelerar la experiencia de sectores de masas respecto a las ilusiones con instituciones como la “convención” de un régimen totalmente al servicio de las patronales y el saqueo, sino también en fortalecer desde la Convención y nuestros referentes parlamentarios la lucha en las calles.
El ejemplo de Jujuy revitaliza el rol que juegan las y los legisladores del PTS en el Congreso y en todas las legislaturas y concejos deliberantes del país, y más aún, de cara a los tiempos de mayor enfrentamiento entre las clases en un país donde los grandes empresarios y sus propios partidos, sean quien sea el que gane la gobernación, seguirán ajustando y saqueando en nombre de cumplir con el FMI.
Es entonces que el rol de los revolucionarios en instituciones parlamentarias como parte de un partido que apuesta a la coordinación de los gremios en lucha y exigiendo el paro general a la centrales, en unidad entre ocupados y desocupados, levantando un pliego único de reclamos (por el salario, el trabajo genuino, abajo la Reforma), y la puesta en pie de comités de solidaridad con los docentes y comunidades en lucha como el de estudiantes de la Facultad de Humanidades -donde se sumaron trabajadores de la salud con postas sanitarias-, se transforma en una herramienta vital para el desarrollo de la lucha de clases.
Todo esto dentro de un plan más general que apunta a poner de pie a la clase trabajadora para que ésta se haga del control del Estado y reorganice la economía en función de los intereses de las mayorías, y no de la ganancia de unos pocos empresarios.
