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Por Ailín Bullentini en Página|12. Con un pedido al Estado nacional para que se brinden “garantías” a las comunidades mapuches de Bariloche y alrededores “frente a la militarización continua de la zona”, referentes de ese pueblo originario, representantes gubernamentales, organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales, universidades, gremios y la Iglesia católica continuaron ayer la mesa de diálogo que se conformó tras los operativos represivos que fuerzas de seguridad nacionales desplegaron con violencia la semana pasada sobre el lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, en el que resultó asesinado un joven. El trabajo conjunto seguirá hoy. Sus integrantes esperan que se sume Parques Nacionales, que negó su presencia “hasta que culmine la ocupación” de las tierras por la que denunciaron al lof. “No nos da mucha tranquilidad que no quieran participar de la discusión y es importante que modifiquen esa postura”, remarcó Luis Pilquiman, referente de la confederación mapuche de Río Negro y participante de la mesa.
“La mesa de diálogo funciona perfectamente, pero el Gobierno nacional debe reforzar su presencia allí si quiere encontrar una solución al conflicto que no sea el uso de la fuerza”, apuntó Orlando Carriqueo, secretario de la coordinadora de comunidades provincial en relación a la negativa de Parques Nacionales a participar de la instancia de trabajo colectivo que se reabrió tras la intervención de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, el obispo de esa ciudad, Juan José Chaparro y organizaciones sociales para intentar encontrar una solución al conflicto en torno del reclamo territorial del pueblo mapuche tehuelche que está candente en toda la Patagonia, no solo en Villa Mascardi. Allí, los operativos de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal para desalojar a la comunidad Lafken Winkul Mapu bajo la orden del juez federal local, Gustavo Villanueva, culminaron con la muerte del joven de 22 años, Rafael Nahuel. Fue Parques Nacionales el denunciante contra la comunidad. “Si no se sienta a dialogar, el gobierno nacional demuestra que quiere boicotear una solución pacífica”, añadió Carriqueo.
La única representación del Ejecutivo en la mesa de diálogo es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Durante más de seis horas trabajaron ayer junto a referentes del lof y de las comunidades mapuche de Río Negro y Neuquén, la CTA y la CTEP; la defensora del pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate; Abogados por el Derecho a la Igualdad, la APDH Bariloche, el Obispado de la ciudad, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Universidad Nacional de Comahue (UNC); la Secretaría de Derechos Humanos.
El decano de la UNC, Víctor Báez, informó a los integrantes de la mesa la negativa de Parques Nacionales a “sentarse a la mesa mientras continúe la ocupación”. Mara Bou, de la APDH, también condenó esa decisión. “Queremos creer que en los días que siguen cambiarán su postura. No es para nada positivo que los representantes del Ejecutivo nacional en este conflicto se nieguen a dialogar”, opinó en diálogo con este diario.
En la mesa de trabajo, las comunidades originarias le exigieron al INAI “garantías sobre las comunidades vecinas frente a la militarización continua de la zona” en la que están establecidas no solo el lof Lafken Winkul Mapu, sino otros colectivos. “La zona ha sido fuertemente militarizada, sobre todo por el G20” que se está desarrollando en Bariloche, y los referentes de la coordinadora están preocupados. “Los miembros de la comunidad son demorados horas en los retenes de seguridad cuando deben ir a la ciudad. Están muy asustados”, insistió Pilquiman. En el acta de la jornada de ayer adelantaron que presentarán un hábeas corpus preventivo.
La mesa de diálogo continuará hoy para analizar una propuesta formal de solución al conflicto “en el marco de las leyes y reconocimientos constitucionales vigentes y tomando en cuenta nuestras formas culturales de toma de decisión” que ayer prometieron las comunidades. Según adelantaron, la propuesta acompañará el reclamo del lof Lafken Winkul Mapu, que reclama parte de la zona de Mascardi un territorio sagrado. “Le pedimos al Estado que tenga la voluntad de trabajar con las comunidades”, apuntó Pilquiman. El modelo que toman de ejemplo es el del Parque Nacional Lanín, reconocido como zona sagrada y cogestionada por los pueblos originarios y Parques Nacionales.
