Amaya señaló que sus afirmaciones estuvieron exclusivamente dirigidas a la situación que enfrenta dicha organización social y a la investigación que se lleva a cabo en Jujuy, luego de que se detectaran irregularidades en el manejo de los fondos aportados por la Nación para la construcción de viviendas sociales en esa provincia.
Según el funcionario, la futura política de vivienda contempla que las cooperativas de construcción continúen trabajando en el mercado de la vivienda social, pero con la condición de que sus obreros estén bancarizados y que perciban la totalidad del esfuerzo de su trabajo.
“El control del correcto empleo de los recursos maximizará el número de beneficiarios impactados por los proyectos y dificultará que esos fondos sean desviados hacia fines distintos para los que fueron adjudicados”.