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La Noche del Apagón: Conversatorio con la participación de testigos y sobrevivientes

En el marco de la conmemoración de los 44 años de la Noche del Apagón, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación organizó un conversatorio virtual del que participará la abogada jujeña Paloma Álvarez Carreras, actualmente coordinadora del cuerpo de abogados querellantes de ese organismo.

«Es un acto de memoria que nos propusimos desde la Secretaría, que viene haciendo distintas actividades con un perfil federal», describió la letrada en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).

El conversatorio, que se realizará este jueves a las 17, estará encabezado por el secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla. Además contará con la participación de Oscar Alfaro, testigo sobreviviente del Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en la localidad de Guerrero y referente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy. Estarán también Ricardo Aredez, militante de DDHH e hijo de Luis Arédez, ex intendente de Libertador, detenido desaparecido; María José Castillo, abogada representante de la querella por la Secretaría de DDHH, y María Eva Arroyo, de HIJOS Jujuy y querellante en la denominada Megacausa.

Este proceso judicial es el sexto juicio de lesa humanidad de la provincia e incluye los hechos de Ledesma y los de la empresa Mina Aguilar.

«Más allá de que no están siendo juzgados los responsables de la empresa Ledesma (Carlos Pedro) Blaquier y (Alberto) Lemos, que fueron procesados en esta causa, para nosotros es importante porque por primera vez en un juicio oral y público los testigos dieron a conocer lo que siempre denunciaron, que fue la participacion de la empresa», repasó Álvarez Carreras.

Juicios remotos

La abogada jujeña, que tomó parte de todos los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia, fue designada como coordinadora del cuerpo de abogados querellantes de la Secretaría de DDHH. Como tal, ofreció un panorama general sobre el curso de estos procesos en el marco de la pandemia.

«Cada jurisdicción tiene sus particularidades, y la nuestra las tiene. Desde el inicio de la pandemia, a nivel nacional se dictaron por lo menos tres sentencias de lesa humanidad: en Mar del Plata, Santa Fe y Paraná. Ahora la Secretaría como querellante, otras querellas y las fiscalías, estamos pidiendo la reanudación de los juicios», describió.

Explicó que en general los Tribunales están pidiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilite los recursos tecnológicos para poder desarrollar las audiencias. En ese marco se reanudaron varios procesos, como por ejemplo los de Mendoza y San Juan, el denominado Contraofensiva, Campo de Mayo y Vesubio. En tanto, ya están asignadas las fechas para que se inicien otros.

«En el caso de Jujuy también se pidió lo mismo. Lo que pasa es que en este juicio tenemos muchísimos imputados, la mayoría en prisión domiciliaria, y hay que garantizar la conectividad y los recursos para que todos puedan presenciar las audiencias, además de todas las otras partes», detalló Álvarez Carreras.

Sin embargo, el principal obstáculo para la reanudación del juicio en Jujuy es que cuando se paralizó estaba precisamente en la etapa de las inspecciones oculares. «Ya no quedan testimoniales, y eso no se puede hacer virtual. Es la parte más trascendente, pero implica la circulación de personas», indicó la abogada.

Si bien ya se había realizado una inspección ocular en Ledesma en la etapa de instrucción -ordenada en 2012 por el juez Fernando Poviña-, todavía no se concretó en el marco del juicio oral.

Más allá de estas situaciones particulares, la actividad judicial se viene cumpliendo a través del teletrabajo. Álvarez Carreras comentó: «Tenemos la ventaja de que el Poder Judicial a nivel federal tiene un sistema digital para subir las causas».

Domiciliarias

Los trámites que más se están atendiendo son las solicitudes de prisión domiciliaria, en el marco de la pandemia. «Hay muchísimos pedidos, tanto de procesados como de condenados», precisó.

«Acá hay que tener en cuenta que la mayoría de los acusados de delitos de lesa están alojados en cárceles federales, que en su mayoría no son lugares de hacinamiento -explicó-. Por otro lado, hay recomendaciones internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la Prevención de la Tortura que establecen que en este marco se vea la posibilidad de disponer medidas alternativas en los lugares donde hay hacinamiento, para evitar contagios masivos».

Estas recomendaciones, aclaró, establecen que «hay que tener especial cuidado cuando se trata de delitos graves, como los de lesa humanidad y femicidio».

En este sentido, analizó las recientes prisiones domiciliarias otorgadas a represores por la justicia federal de Jujuy, incluso antes de la pandemia. «En algunos casos está la situación de salud, pero en otros casos nosotros consideramos que no correspondía», por lo que están pendientes algunas apelaciones.

Los motivos del rechazo, además de los vinculados con la gravedad de los delitos juzgados, tienen que ver con diversas situaciones. La falta de consulta a las víctimas es uno de ellos. «Los tribunales no siempre ponen a las querellas en conocimiento de las solicitudes de domiciliarias, pero hay una ley nacional de víctimas que dice que lo tienen que hacer», apuntó Álvarez Carreras.

No obstante, hay casos en los que se justifica el beneficio de la domiciliaria porque la persona requiere de una atención médica que no se le puede dar en su lugar de detención. «Pero hay que tener especial cuidado -advirtió la abogada- porque estamos hablando de personas que cometieron los delitos más graves que existen».

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