La causa está en la Fiscalía de Investigación N° 7, de Darío Osinaga Gallacher, quien tomó intervención a raíz de una denuncia efectuada por el letrado Rodolfo Mallagray. Además de Castro, también está imputado por los mismos delitos, el ex candidato a diputado Nacional por el macrismo, Dago Pubzolu, por su gestión como presidente del CAPSAP.
La denuncia impulsada por el entonces presidente del Colegio de Abogados, Mario Rodolfo Mallagray, señala a toda la comisión directiva del CAPSAP, encabezada por Dago Pubzolu, como responsable de haber falsificado balances correspondientes a la gestión 2012/13 y de haber perjudicado financieramente a la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy.
Apenas designada como delegada del Inadi, Castro fue escrachada por los trabajadores despedidos del Inadi y militantes de ATE, por no haber resuelto nada, hasta ahora, con los empleados cesanteados.
No obstante, la funcionaria mantuvo su primera reunión con el Consejo Federal de Políticas contra la Discriminación, para recibir capacitación junto a sus pares de otras provincias y delinear los ejes de la nueva gestión.
Castro señaló que desde la Nación se llamó a las delegaciones a continuar bregando por la protección de los derechos, siendo el primer objetivo del interventor Javier Bujan.
Afirmó que “estamos para decirle a la gente que nuestro rol es defender sus derechos, acompañarlos y protegerlos. Somos privilegiados de trabajar en la promoción y protección de derechos que hacen al respeto y la dignidad humana, restableciendo derechos lesionados por actos discriminatorios en distintos contextos de la sociedad”.