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La Oficina Anticorrupción (OA) denunció este lunes a los exministros de Salud del Gobierno de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y a la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, entre otros exfuncionarios, por el hallazgo de 600 mil dosis de vacunas vencidas en la Aduana Nacional.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, tras el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña, informaron a Télam fuentes judiciales.
La OA señaló a 13 exfuncionarios vinculados con las áreas responsables del manejo del plan de vacunación, entre ellas a Rubinstein, Stanley, Susana Devoto, Jorge Lemus y Andrés Scarzi.
La presentación se hizo por «abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público» tras encontrarse las dosis vencidas de la vacuna triple bacteriana que forma parte del Plan Nacional de Vacunación.
«Desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento», concluyó la denuncia.
Luego de describir los procesos administrativos que realizó la gestión sanitaria de Mauricio Macri vinculados a esta vacuna, la Oficina consideró que «la caída de la tasa de distribución de la vacuna triple bacteriana acelular verificada en el año 2018, implicó una menor tasa de vacunación contra la coqueluche, la difteria y el tétanos, circunstancia que como vimos guardaría estrecha relación con el aumento de casos de dichas patologías durante el año siguiente».
El ente a cargo del exfiscal Félix Crous evaluó como probado que la anterior gestión omitió la distribución y aplicación en todo el territorio nacional de 600000 dosis de la vacuna «dTap» (vacuna triple bacteriana acelular) que se encontraban disponibles y que por tanto es responsable de «no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere», delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal.
La adquisición del medicamento implicó para el Estado una erogación de más de 6.5 millones de dólares.
