El informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria referido a la situación de Milagro Sala está dirigido a Héctor Marcelo Cima, embajador argentino ante la ONU.
A lo largo de veinte páginas, el Grupo repasa las circunstancias en que fue detenida la dirigente social y destaca que Sala fue electa parlamentaria del Parlasur, “cargo con el cual la Sra. Sala goza de inmunidades, beneficio otorgado a los Diputados en la República Argentina, entre ellas la inmunidad de arresto y de expresión”.
Hace luego un detallado relato cronológico de los hechos que rodean la detención de Milagro Sala y las novedades judiciales que se fueron sucediendo hasta el presente, incluida la comunicación que el gobierno argentino envió al Grupo de Trabajo el 18 de abril de este año.
Le sigue una transcripción de las deliberaciones del Grupo a partir de todos los antecedentes, para culminar el informe con la Decisión, que dice textualmente: “En vista de lo expuesto, el Grupo de Trabajo es de la opinión que la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria”.
Dice luego que “conforme al derecho internacional aplicable, la víctima de una detención arbitraria tiene derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado, lo que incluye la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”, por lo que “solicita al Gobierno de la República Argentina liberar de inmediato a la señora Milagro Sala, y conceder una reparación adecuada, incluida una compensación”.
Les pide luego a los denunciantes -el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)- y al gobierno nacional que “provean información sobre las medidas de seguimiento acerca de las recomendaciones realizadas en este informe”, entre las que se deberá precisar “si la señora Sala a sido liberada y en caso afirmativo, en qué fecha; si se ha realizado algún tipo de indemnización o compensación; si se ha llevado a cabo alguna investigación sobre la violación de los derechos de la señora Sala y si en caso afirmativo que se indique el resultado de la investigación”.
También solicita que en esa respuesta se informe “si se ha realizado alguna modificación legislativa o algún cambio en la práctica con el fin de que se armonicen las leyes del Gobierno y la práctica junto a las obligaciones internacionales de acuerdo con este informe”.
Finalmente, les da seis meses a la fuente y al Gobierno para que entreguen esa información, aunque aclara que “cabe la posibilidad de que el Grupo de Trabajo emprenda sus propias medidas en relación a este informe en caso de que surja algún problema nuevo que llame la atención relacionado con este caso”.