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Mientras se prepara el traspaso de gobierno en Colombia, hay muchas dudas abiertas sobre la continuidad del difícil proceso de paz. Uno de esos puntos tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz (JEP), surgida de los acuerdos con las Farc para juzgar los delitos cometidos en el conflicto armado.
Atenta a esta situación, la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz instó al Gobierno y las entidades estatales correspondientes a aprobar las normas requeridas para que pueda empezar a funcionar la JEP. En concreto, les pidió que “remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz en Colombia cumpla sus compromisos con la justicia y el derecho de las víctimas”. La declaración se hizo pública este martes.
El Congreso, dominado por fuerzas de derecha, trabó la aprobación de las reglas de procedimiento de la JEP, pese a que tiene el aval de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ya se puso en marcha el pasado 15 de marzo.
El uribismo es la fuerza que más rechaza este mecanismo de paz. Por eso, el nuevo líder de la oposición, Gustavo Petro, salió al cruce de las declaraciones de Álvaro Uribe y lo acusó de buscar su propia impunidad trabando la justicia especial. “La JEP se hizo para todos los actores violentos, y hay unos actores más violentos que las Farc, porque están dentro del Estado, tienen el poder del Estado, que es más grande que el de las Farc y el narcotráfico juntos”, disparó Petro.
Por su parte, la Misión de la ONU aseguró que “las víctimas siguen esperando que se realicen las primeras audiencias y comparecencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos” y exigió que el Congreso apruebe la Ley de procedimiento de la JEP.
“Esperamos que el Gobierno pueda escuchar algunas de las proposiciones que se han hecho en el Congreso y tratar de llegar a un acuerdo para que las reglas de procedimiento satisfagan esos aspectos tan importantes para las víctimas”, respondió el presidente electo, Iván Duque, ante el pedido internacional.
