Los expertos en derechos humanos Sètondji Roland Adjovi y Elina Steinerte, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas ratificaron que la Opinión 31 emitida en octubre de 2016 según la cual el Estado Nacional debe liberar en forma inmediata a Milagro Sala no está sujeta a revisión y debe ser cumplida. En conferencia de prensa, expresaron además su preocupación por el exceso del uso de la prisión preventiva en Argentina.
Los delegados internacionales de la ONU brindaron una conferencia en la que presentaron un informe preliminar sobre el diagnóstico que elaboraron durante su visita oficial en el país.
Destacaron la invitación por parte del gobierno nacional y señalaron que, con ella, el Estado reconoce la competencia de este grupo y, en ese marco, debe también dar curso a sus recomendaciones. Advirtieron que, de seguir incumpliendo la resolución que pide la liberación inmediata de la dirigente social, que cumple este jueves 488 días detenida, elevarán un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se analizarán las responsabilidades del Estado.
Si bien durante el informe los expertos en Derechos Humanos no hicieron mención alguna a la diputada del Parlasur, el ochenta por ciento de las preguntas formuladas por la prensa giraron en torno a la dirigente social.
Adjovi reiteró que esta visita a la Argentina «no fue para evaluar la situación de Milagro Sala”, tal como el GTDA lo había anticipado el año pasado al recibir la invitación del gobierno nacional tras conocerse la Opinión 31, invitación que se interpretó como una manera de dilatar la liberación de Sala. Para los expertos internacionales, en tanto, esa invitación supone que el Estado argentino también asume compromisos.
Ratificó entonces que la detención de la dirigente social es arbitraria y que el mandato respecto a su liberación subsite. «Lo importante es cómo van a implementarlo”, comentó. También indicó que en caso que eso no suceda, el incumplimiento “se va a reflejar en el informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y veremos cómo el gobierno argentino podría cumplir con el mandato”, amplió.
Mara Brawer, una de las coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala, señaló que “luego de la enorme marcha del 10 de mayo, donde el pueblo argentino reafirmó el Nunca Mas, el gobierno debe cumplir con la Opinión 31 de Naciones Unidas para no poner a la Argentina entre los países que violan los derechos humanos”.
A su turno, María Elena Naddeo, también del Comité e integrante de la APDH, expresó que la visita del GTDA «ha sido importantísima, porque han ratificado cuestiones de elemental justicia en base a tratados internacionales de derechos humanos», y agregó: «No puede haber prisión preventiva por estas causas que están llevando contra Milagro Sala y los presos políticos de la Tupac en Jujuy y Mendoza”.
“Sentimos fortalecida nuestra lucha a partir de esta visita. Ratifica lo que sostenemos respecto a la violación de derechos humanos que significa la detención de Milagro Sala y las otras presas y presos. Lamentamos que el gobierno nacional siga obstinado en colocar a Argentina en países a sancionar por prisiones arbitrarias. Exigimos a Macri que cumpla la resolución de la ONU”, finalizó Estela Díaz, secretaria de Género de CTA y coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala.
En términos más generales, los expertos manifestaron su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en la Argentina, y recordaron que «debe utilizarse con carácter excepcional, luego de haberse considerado ciertos factores relevantes como el riesgo de fuga y el de obstaculizar la investigación, así como la complejidad del caso».
Para sostener estas opiniones, mencionaron algunos datos que relevaron en su visita: el 60 por ciento de la población carcelaria está detenida preventivamente, y ese porcentaje se eleva al 75 en el caso puntual del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza.
Durante su estadía en la Argentina, los delegados de la ONU recibieron numerosas denuncias sobre hechos de violencia institucional. Ante una consulta periodísta, Elina Steineter pidió que la sociedad civil «no mire para otro lado” frente a estos hechos, y remarcó que cada uno de los sectores tiene responsabilidades a la hora de reclamar el cumplimiento de las garantías en la materia.