En sintonía con el reclamo de dirigentes sindicales y movimientos sociales, los bloques más representativos de la oposición consensuaron el impulso conjunto de un solo proyecto de declaración de emergencia alimentaria que buscarán convertir en ley el próximo jueves en una sesión especial en la Cámara de Diputados del Congreso.
La iniciativa, que retoma el decreto que declaró la emergencia en 2002, propone una prórroga de su vigencia hasta diciembre de 2022 y dispone «un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
En la misma línea, la propuesta autoriza a la Jefatura de Gabinete a actualizar de manera trimestral el presupuesto asignado tomando como referencias mínimas las variaciones del rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» del Índice de Precios al Consumidor y de la Canasta Básica Alimentaria que elabora el INDEC.
«Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional», dice el segundo artículo del proyecto.
Los legisladores de los nueve bloques que impulsan la medida, entre los que se encuentran Agustín Rossi, Felipe Solá, Victoria Donda, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, entre otros, buscarán el jueves darle tratamiento sobre tablas en la sesión especial que pidieron.
Como no tuvo tratamiento en comisión, en caso de tener quorum para sesionar, deberán reunir dos tercios de los votos de los diputados presentes para aprobarla.
Aunque todavía es una incógnita la postura que asumirán desde el interbloque oficialista, se supo que, aunque no firmaron el proyecto consensuado por el peronismo, los legisladores que representan Consenso Federal de Roberto Lavagna participarán de la sesión y acompañarían el texto de la ley.
El propio Lavagna dijo que «la Cámara va a tratar el tema y esto muestra que, si todos empujamos juntos, a pesar de que algunos miren para otro lado, la realidad se termina imponiendo», y recordó que su espacio impulsó una medida similar que posiblemente llevarán al recinto el jueves.
La semana pasada, miles de personas se plegaron a las masivas movilizaciones que realizaron los movimientos sociales para reclamar al gobierno medidas de emergencia ante la crisis. También la cúpula de la CGT se reunió con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y pidió la emergencia alimentaria.
En esa reunión que se desarrolló el lunes, la ministra descartó la posibilidad de que el gobierno de Mauricio Macri impulse por decreto una medida de esas características y consideró que es el Congreso el lugar donde debe debatirse.
El próximo 30 de septiembre el Indec dará a conocer las cifras de la pobreza para el primer semestre de 2019, que, según analistas y consultores, podría superar al 35% de la población urbana del país, y con la aceleración de la crisis que se registró a principios de agosto luego de las PASO se espera que para fin de año el resultado sea peor.
Según el instituto estadístico, desde julio de 2018 y hasta el mismo mes de este año, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC tuvo una variación del 58,1%, casi cuatro puntos por encima del promedio general de aumentos. Una trayectoria similar tuvo la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que representa el umbral de ingresos que se necesita para cubrir las necesidades alimenticias básicas y determina la línea de indigencia. Según la última medición correspondiente a julio, la CBA se encareció un 57,3%.
Por Alejandro Palladino, en Contexto