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La oposición presiona para derogar el DNU 70/23: El Gobierno busca blindarlo

El fallo de la Corte Suprema sobre el artículo referido a la Ley de Tierras encendió nuevamente el debate político en la Cámara de Diputados de la Nación.

Tras la decisión del máximo tribunal, las bancadas opositoras aceleraron las negociaciones para convocar a una sesión especial con el objetivo de lograr la derogación definitiva del DNU 70/23, iniciativa que ya cuenta con el rechazo previo de la Cámara de Senadores.

El anuncio impulsado por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, encendió las alarmas en las filas del oficialismo. La ofensiva busca articular una masa crítica que supere el umbral de los 129 legisladores para alcanzar el quórum, sumando a bloques de la izquierda, espacios de perfil crítico y representantes de provincias que suelen mantener posturas fluctuantes frente a los proyectos del Poder Ejecutivo.

Alternativas parlamentarias y alianzas clave

Frente a este escenario, La Libertad Avanza comenzó a desplegar alternativas parlamentarias para evitar la caída de la norma y preservar la estructura de desregulación económica implementada desde el inicio de la gestión. Entre los caminos analizados en la Cámara baja, el Gobierno evalúa modificar iniciativas en trámite con el fin de sostener los esquemas vinculados al régimen de tierras o impulsar nuevos proyectos en conjunto con bancadas aliadas.

La estrategia oficialista apunta a tejer acuerdos con sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y diversos bloques regionales para asegurar el respaldo necesario en el recinto. La vigencia del decreto resulta central para la política económica nacional, al englobar la anulación de normativas de peso como la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas.

Las gestiones de la oposición se desarrollan en un contexto de alta tensión parlamentaria, en coincidencia con el avance de plenarios de comisiones sobre temas de soberanía. La estrategia opositora busca afianzar los votos indispensables antes de fijar la fecha de la convocatoria, en una etapa donde la solidez de las alianzas en la Cámara de Diputados definirá la continuidad del marco normativo.

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