El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por Alberto Bernis Hay una frase que se repite como consigna desde el poder en Argentina: «no odiamos lo suficiente a los periodistas». No es una ocurrencia aislada ni una salida de tono en un mal día; es una política sostenida.
Entre el 17 y el 23 de agosto de 2026, el presidente Javier Milei reprodujo más de 300 mensajes contra la prensa en sus redes sociales, cargados de insultos, acusaciones sin sustento e incitación al odio hacia quienes ejercen la profesión.
Los ejemplos abundan. Al periodista Manuel Jove lo llamó «mierda humana» por señalar imprecisiones en un discurso. A Marcelo Bonelli le dedicó el mismo insulto tras publicar una nota incómoda para el Ejecutivo. A otros los calificó de «ignorantes» e «imbéciles» por cuestionar la marcha económica. La lista suma nombres como Carlos Pagni, Viviana Canosa, Luciana Geuna, Romina Manguel y Ernesto Tenembaum. El patrón se repite: ante el cuestionamiento, la respuesta oficial no es el dato ni el desmentido documentado, sino el ataque amplificado por tropas digitales.
La situación trasciende el exceso verbal. El problema se vuelve institucional cuando el jefe de Estado y su ministro de Economía impulsan iniciativas legales para sancionar la «información inexacta», o cuando en su entorno se promueve el uso del aparato estatal para encarcelar periodistas por decreto sin que exista un repudio oficial.
A esto se suman denuncias penales por calumnias e injurias —figura que no prevé pena de prisión desde la reforma de 2009 motivada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, configurando un mecanismo de desgaste y amedrentamiento judicial.
La doctrina de los organismos internacionales de derechos humanos es clara: La libertad de expresión es un pilar irremplazable de la democracia y no puede ser restringida mediante el derecho penal en asuntos de interés público. Pretender castigar la crítica expone al país a nuevas condenas internacionales y debilita su institucionalidad.
Al observar este panorama, resulta inevitable contrastar la conducta actual con la de Raúl Alfonsín al iniciar la reconstrucción democrática. Alfonsín entendió que el respeto a las instituciones y a la prensa libre era innegociable. Aun atravesando momentos de alta tensión por la hiperinflación y el asedio militar, jamás transformó al periodista en un enemigo a batir. Consideraba a la prensa crítica como un contrapeso indispensable frente al autoritarismo.
Un mandatario puede disentir con un informe o responder con datos. Lo que no puede hacer sin resquebrajar el orden republicano es utilizar el insulto sistemático como comunicación de Estado ni promover herramientas punitivas para silenciar al periodismo.
Defender la libertad de prensa no implica tomar partido por un medio o un cronista en particular; significa resguardar el derecho de la ciudadanía a informarse de manera plural. Cuando ese principio se erosiona, la pérdida es para toda la sociedad.
