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La prevención de la corrupción es el desafío de la nueva gestión de la OA en Jujuy

El 5 de febrero de 2020 inició su mandato al frente de la Oficina Anticorrupción de Jujuy, Josefa del Valle Herrera, proponiéndose como uno de sus objetivos fomentar la transparencia, las buenas prácticas y la ética en el ámbito de la administración pública.

“Los gobernantes y las instituciones tienen por delante un enorme reto para recuperar la confianza de los ciudadanos y legitimar su representatividad. Es preciso adoptar estrategias que incluyan medidas concretas para fortalecer la integridad y prevenir los riesgos de la corrupción”, dijo la funcionaria.

En esta línea de trabajo y entre otras acciones, dispuso la creación del Departamento de Prevención y Asuntos Institucionales, buscando forjar conductas responsables en los funcionarios y agentes públicos.

“Es preciso recuperar y reforzar la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de los poderes públicos y en la actuación administrativa, teniendo en cuenta que la corrupción daña gravemente a la sociedad en su conjunto”.

“Bajo esta premisa se implementará, junto a otras herramientas, la Oficina Itinerante, con la que se recorrerá la provincia concientizando sobre la importancia del cumplimiento de las normas de Ética Pública y de la obligación de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Asimismo, se asesorará y receptarán denuncias sobre posibles actos de corrupción”, agregó la Fiscal.

De igual modo, anticipó que en 2021 se anexará a la Declaración Jurada Patrimonial un formulario para detectar Incompatibilidades y Conflicto de Intereses por parte de los sujetos obligados y se pondrá en funcionamiento el Registro de Sanciones Administrativas y Judiciales, previsto en la Ley de Creación de la Oficina Anticorrupción, en su artículo 2°.

Estructura orgánica de la OA

Cabe destacar que la Oficina Anticorrupción cuenta con 28 empleados divididos en 5 Departamentos: Jefatura de Despacho, Investigación, Prevención, Control Patrimonial y Contable. Encabeza el organismo la Fiscal Anticorrupción designada por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo legislativo, y un Fiscal Adjunto designado a propuesta de la primera fuerza política de la oposición en la Legislatura.

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