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La Procuración General de la Nación desestimó una apelación fiscal y dejó a un paso de la sentencia firme a Milagro Sala, que fue condenada a tres años de prisión por un escrache contra Gerardo Morales en 2009, en un juicio federal.
El titular del organismo, que es la jefatura de los fiscales federales, Eduardo Casal, desestimó la apelación del fiscal, Javier De Luca que denunciaba con dureza el veredicto y pedía su nulidad. Ante esta situación, los Supremos sólo tiene que analizar las apelaciones de la defensa de la dirigente social, antes de resolver sobre la sentencia contra la dirigente social Milagro Sala, por la protesta contra el ex senador nacional y hoy gobernador jujeño Gerardo Morales durante una charla que ofreció en 2009 en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas provincial.
Por unanimidad, los cinco jueces de la Corte tuvieron por “desistido” el recurso de queja de De Luca contra la condena contra Sala, a tres años de prisión. Ya no hay más instancias de apelación y la Procuración General estuvo tácitamente de acuerdo con la condena, por cuestiones de supuestos errores formales cometidos por De Luca.
Cabe recordar que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó en junio del año pasado la sentencia por la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy condenó, a fines de diciembre de 2016, a Milagro Sala y a su colaboradora María Graciela López, ambas a tres años, y a Gustavo Ramón Salvatierra, a dos, como “instigadora y coautores -respectivamente- del delito de daño agravado”.
El fiscal De Luca, en su apelación para llegar hasta la Corte Suprema en revisión de la sentencia, había sostenido que las condenas estaban escritas desde antes incluso del propio juicio y que sus fundamentos estaban basados “en ideas preconcebidas que conducían a un único destino fatal”. Los jueces –añadió- “convalidaron la valoración de prueba no incorporada al debate, más precisamente la declaración del testigo René Arellano”. Ello, según su consideración, violó el derecho de defensa en juicio y derivó en un vicio de procedimiento de tal gravedad que transformaba en nula la condena.
Pero el procurador Casal, en junio pasado, emitió un dictamen en el que criticó a su inferior jerárquico, De Luca, y en lugar de sostener su apelación, la dejó caer. Así, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti debieron tener por “desistida” esa penúltima apelación. Es decir que, en los hechos, fue como si nadie del Ministerio Público Fiscal hubiera apelado la condena.
