Por Semilla Urbana*. En Argentina hay una operación que se repite: cuando el poder quiere avanzar sobre los que menos tienen, usa el lenguaje de los derechos para hacer exactamente lo contrario. El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en marzo de 2026 es justamente eso.
El nombre suena a garantía constitucional. El contenido es otro asunto.
El 8 de abril, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentó ante el Senado para defender la iniciativa. El debate duró más de cuatro horas. Lo que quedó expuesto no fue solo un proyecto de ley: fue una elección política sobre a quién protege el Estado argentino.
Entre los seis ejes de reforma que contiene el texto, el Capítulo III propone modificar la Ley 27.453, conocida como la ley de barrios populares, que desde 2018 protege a más de cinco millones de personas que habitan en 6.467 barrios en todo el país. Lo que el proyecto llama “readecuación normativa” es, en los hechos, el desmantelamiento artículo por artículo de los instrumentos que permitían que esas familias pudieran quedarse donde están.
El análisis comparativo del texto vigente y el texto propuesto no deja lugar a interpretaciones. El proyecto deroga la declaración de utilidad pública de los inmuebles del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabp) —que habilitaba al Estado a expropiar para regularizar la tenencia—, elimina al organismo expropiante, suprime los plazos y los procedimientos para tasar y escriturar, y deroga la suspensión de desalojos que era la garantía mínima de estabilidad para los vecinos mientras duraba el proceso de regularización.
Todo eso va a la basura. Y en su lugar el proyecto no ofrece nada nuevo: los mecanismos que propone como reemplazo —trámites judiciales lentos, acuerdos voluntarios con municipios— ya existían en la ley vigente como herramientas de apoyo, no como columna vertebral del proceso. Lo que hace el proyecto es quedarse con los instrumentos más débiles, los que dependen de que cada intendente quiera colaborar, y eliminar el único que obligaba al Estado a actuar: la expropiación.
Es decir, sacan la herramienta que tenía fuerza legal y la reemplazan por la que requiere buena voluntad.
Hay otro detalle que el proyecto no publicita. El mismo texto que desarma la protección en los barrios populares incluye, en otro capítulo, un proceso de desalojo sumarísimo con restitución anticipada del inmueble. Es decir: por un lado se elimina la suspensión de desalojos, y por el otro se acelera el mecanismo para echar a la gente. Las dos reformas juntas no son una coincidencia; son una pinza.
No hace falta imaginar lo que viene: el barrio Pampa Soler (ID: 3142), en Concordia, Entre Ríos, ya lo está viviendo. Más de 200 familias que habitan ese predio desde hace años —incluido en el Renabap y protegido por la suspensión de desalojos de la Ley 27.453— enfrentan una orden judicial de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. El juez reactivó el desalojo porque el municipio y la provincia no presentaron en tiempo y forma una propuesta de regularización. Es decir: la ley nacional protegía a las familias, pero la inacción de los Estados locales abrió la puerta que la norma había cerrado. Con el nuevo proyecto, esa puerta queda abierta de par en par para los 6.467 barrios del país: sin suspensión de desalojos, sin expropiación obligatoria, y con un proceso judicial acelerado para echar a la gente.
En el mismo plenario donde Sturzenegger hundía la ley de barrios populares, tomó la palabra el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara. Recordó que son 6.467 villas y asentamientos con cinco millones de personas, evocó el consenso parlamentario amplio con el que fue aprobada la ley, y citó al Papa Francisco y su lema de tierra, techo y trabajo. Que la Iglesia haya tenido que salir a defender lo que el Estado desarmaba dice mucho sobre la soledad en que quedan esas familias cuando el poder elige a quién proteger.
El argumento central que Sturzenegger desplegó ante los senadores fue contundente en su forma y tramposo en su fondo: al ritmo actual, dijo, se necesitarían 12.500 años para regularizar la totalidad del suelo del Renabap. El dato está calculado sobre el 0,08% de superficie escriturada en diez años de vigencia de la ley. Pero lo que el ministro omitió decir es que las propias fuentes del Ejecutivo reconocen que las expropiaciones nunca se iniciaron porque quedaron supeditadas a una decisión presupuestaria que ningún gobierno adoptó. No fracasó la ley; fracasó la voluntad política de aplicarla. Y ahora esa misma inacción se convierte en el argumento para eliminar el instrumento. Es la lógica del patrón que no pagó el sueldo y después cierra la fábrica porque los obreros no produjeron.
Lo que Sturzenegger tampoco mencionó en su exposición son los 868.991 Certificados de Vivienda Familiar emitidos, las obras realizadas en las 23 provincias mediante convenios con 130 municipios y 160 organizaciones, las intervenciones en más de 440 barrios para prevenir o revertir desalojos, ni los más de 250.000 hogares alcanzados por el Programa Mi Pieza. Esos resultados no encajan en el relato del fracaso, así que simplemente no existen en el discurso oficial.
Decirle a cinco millones de personas que la solución para su falta de título es la prescripción adquisitiva —un trámite judicial que puede durar décadas— mientras se elimina la única norma que les impedía ser desalojadas antes de terminar el trámite, no es una política habitacional. Es una condena disfrazada de procedimiento.
Cuando un proyecto de ley protege la propiedad de los de arriba y desprotege la tenencia de los de abajo, cuando acelera los desalojos y elimina las herramientas de regularización, cuando quita el trabajo cooperativo y borra el enfoque de género, no está fortaleciendo ningún derecho constitucional. Está eligiendo a quién proteger.
Y esa elección ya tiene nombre.
* Observatorio de Hábitat, Territorio y Economía Popular