Más de 2000 firmas de ciudadanas quiaqueñas solicitaron al cuerpo legislativo de La Quiaca, la renuncia del presidente, Jorge Tejerina en repudio a la violencia que viene ejerciendo con mujeres que ocupan cargos públicos, por el cierre de la oficina de Diversidad y el despido de la dirigente LGTBIQ+, Rosalinda Ancasi.
Por las calles de la ciudad fronteriza marcharon a través de la organización de Mujeres Autoconvocadas para manifestar además por el pedido de una urgente capacitación para los concejales en perspectiva de género y por el cese del hostigamiento institucional y mediático a mujeres que están en actividad política.
“Es un ataque sistemático que viene desde hace un tiempo a todas las mujeres que estamos en la política. Vamos a hacer presencia en las calles, cuando las mujeres sean atacadas”, declaró Egle Borredá, Jefa de Gabinete del municipio, quién fue una de las dirigentes violentadas por Tejerina.
A través de un comunicado, las Mujeres Autoconvocadas de La Quiaca declararon: “exigimos la renuncia indeclinable del presidente del Concejo Deliberante, Jorge Omar Tejerina, por sus acciones misóginas hacia las mujeres y diversidades”.
En tanto, Rosalinda Ancasi, referente del colectivo LGTBIQ+ de la frontera expresó: “Él (por Tejerina) ha sacado la oficina, pero yo tengo a las chicas que me apoyan. No voy a bajar los brazos. Yo soy una mujer digna”, afirmó acerca del cierre de la oficina donde trabajaba en el edificio legislativo.
“Tejerina es el triste símbolo del hombre con miedo, que le teme a las mujeres sin miedo” anunciaron desde un comunicado las Mujeres Autoconvocadas. Y expresaron que ante la agresividad continua del presidente del concejo: “nosotras las quiaqueñas marcharemos pacíficamente, pero con firmeza en nuestros reclamos”.
Jorge Tejerina, presidente del concejo deliberante, acumula múltiples denuncias por violencia de género de manera verbal, institucional y mediática, ya que en su tarea de periodista se dedica a hostigar y denostar a las mujeres.
Las denuncias están presentadas en la justicia y en diferentes organismos, como el INADI, por dirigentes del radicalismo local, como la diputada Alejandra Elías; y en estos últimos hechos, las denuncias fueron presentadas por trabajadoras y funcionarias de la actual gestión municipal.