En medio de un agresivo operativo policial desplegado para hacer cumplir una orden de desalojo, las familias de la comunidad La Quiaca Vieja acordaron «una mesa de diálogo». Las tierras que ocupan desde hace décadas, cuya propiedad ostenta un particular, están afectadas a la expropiación para la instalación de la Zona Franca sin que se les ofrezca una alternativa para mantener su medio de vida, basada principalmente en el pastoreo.
Atilio Flores, el abogado de la familia Trejo, informó a medios locales que «la familia está dispuesta a llegar a un diálogo, porque queremos evitar que actúe la policía».
En medio de un desmedido operativo policial desplegado en la mañana de este martes, el abogado agregó: «El desalojo no es agradable. Hay menores, hay una persona muy mayor y varias casas. Vamos a dejar que la policía actúe y el juez de paz labre las actas, y la familia se queda afuera con el compromiso de abrir una mesa de diálogo».
Abogado Atilio Flores
Apenas asumió su primer mandato, en 2016, el entonces gobernador Gerardo Morales anunció la instalación en La Quiaca de una Zona Franca, un emprendimiento comercial para importaciones y exportaciones.
La ley nacional 26.160 impide los desalojos a comunidades originarias de todo el país. Por otro lado, para llevar adelante la iniciativa comercial se debió realizar la consulta previa libre e informada que establece la legislación nacional e internacional, y no se hizo.
En este sector fronterizo de Jujuy, son cinco las familias afectadas. Trinidad Trejo, cuya familia vive en el lugar desde hace 50 años, advirtió: «Solo vamos a salir muertos de acá».
La propiedad del terreno está a nombre de una familia Burgos, que acordó con el gobierno la expropiación para utilidad pública por ley de la Legislatura aprobada en mayo pasado.
El proyecto de la Zona Franca se extiende sobre 1200 hectáreas que incluyen tierras de propiedad comunitaria. Según la información del gobierno, es para potenciar la producción y el turismo en la puna jujeña, con venta minorista y mayorista de productos de electrónica, ferretería, textiles, insumos médicos y hasta vehículos. El 51% del emprendimiento estará en manos de Telinfor, el 39% de Jemse y el 10% de la constructora Jumi.
El primer aviso de expropiación a los habitantes del lugar llegó en 2019, con la oferta de compensaciones absurdas: a uno de los residentes le ofrecieron 2000 pesos por 3 hectáreas; a otro, algo más de 100 pesos por un terreno de 30 por 50 metros.
La oferta incluía la relocalización de los habitantes de La Quiaca Vieja en la ciudad, lo que fue rechazado por las familias, que lo único que pretenden es continuar con su modo de vida y sus actividades cotidianas, que consisten principalmente en pastoreo y cría de animales.
‘Maniobras revanchistas’
El colectivo Acción por los Derechos Humanos-La Quiaca difundió un comunicado en el que advierte sobre la situación de los habitantes de La Quiaca Vieja, a la que califica como «otro avance contra los pueblos originarios».
En el texto, denuncian que la decisión del gobierno provincial «exilia a una familia de su lugar natural», impidiendo «cualquier relocalización digna» por la irrisoria compensación económica que se les ofrece.
El colectivo de derechos humanos relaciona este episodio con las protestas en contra de la reforma constitucional que el año pasado llevaron adelante las comunidades originarias de la puna, además de otros vastos sectores sociales, sindicales y políticos de la provincia. Y asegura que «pone en evidencia la voluntad oficial de avanzar y castigar a las comunidades que alzaron sus voces en contra de un proyecto hegemónico y antidemocrático».
El texto completo
Otro avance contra los pueblos originarios en La Quiaca Vieja
A un año de la Reforma Constitucional que aumenta la vulnerabilidad de los habitantes de La Quiaca Vieja, se registra otro ataque a los derechos. Aun cuando se trata de preservar a niños y ancianos, la resolución tomada exilia a una familia de su lugar natural. La irrisoria compensación económica que se ofrece por las tierras destinadas a la Zona Franca impide cualquier relocalización digna para esta familia y los animales, única fuente de sustento.
El procedimiento, enmascarado en un conflicto entre particulares, pone en evidencia la voluntad oficial de avanzar y castigar a las comunidades que alzaron sus voces en contra de un proyecto hegemónico y antidemocrático. Ésta y otras son maniobras revanchistas, típicas de una gestión totalmente desapegada de los intereses populares, convocan a la reflexión y al rechazo.
Acción por los Derechos Humanos-La Quiaca se solidariza con los vecinos damnificados y repudia este acto que interpela a la conciencia ciudadana para evitar nuevos excesos de poder.