La reforma judicial fue elegido como la cuestión más saliente del año en el Congreso de la Nación. La iniciativa fue finalmente frenada por la Corte Suprema.
Muchos tienen la convicción de que la reforma judicial fue producto directo de la frustración que causó en el Gobierno nacional el fallido 7D. Ese día, incorporado a la épica kirchnerista que le dedicó importantes recursos y despliegue, concluyó aun antes de llegar, sin el resultado esperado de un desembarco oficial sobre el Grupo Clarín, para desmembrarlo. Con antelación, la Corte desactivó esas expectativas y despertó la ira presidencial.
Hay suficiente presunción de que entonces se decidió la suspensión del debate de la unificación de los códigos Civil y Comercial, que para entonces había avanzado con audiencias públicas en todo el país. Su aprobación definitiva se trata de un deseo especial de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzino y Elena Highton de Nolasco, pero el tema fue postergado sin demasiadas explicaciones.
En su prolongado discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo de 2013, la presidenta de la Nación anunció el que sería seguramente su principal caballito de batalla en materia legislativa para ese año. Anunció su intención de “democratizar la Justicia”, y adelantó que enviaría al Parlamento un proyecto en ese sentido. “Ni los jueces, ni los abogados, tienen coronita para elegirse entre ellos”, lanzó al anticipar una sustancial reforma que incluiría la posibilidad de que “la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos directamente por el pueblo”.
“Hay que darle a ese órgano representación popular donde la sociedad se vea representada”, dijo Cristina.
La Cámara baja aprobó el 17 de abril tres de los seis proyectos: aquel sobre el ingreso a la carrera judicial, el de la publicidad de las resoluciones de la Corte y la obligatoriedad de la publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. El mismo día el Senado aprobaba las tres iniciativas restantes. El 25 de abril, Diputados aprobó en general y en particular los otros tres proyectos.
Perdida la pelea en el terreno político, se pasó al terreno judicial, adonde las fuerzas de oposición y diversos organismos apelaron para buscar frenar la reforma. El 18 de junio la Corte aprobó por seis votos contra uno la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.855, especialmente aquellos referidos a la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura.
La elección fue mayoritaria: un 52% eligió a la reforma judicial como el tema legislativo más destacado del año, más de 30 puntos por encima del que fue el segundo, el blanqueo de capitales.
Esa iniciativa obtuvo el 19% de las menciones de la encuesta. Fue anunciada un mes después de la reforma judicial, el 7 de mayo, por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en una conferencia de prensa en la que apareció acompañado por su viceministro Axel Kicillof, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, uno de los impulsores de la medida que tenía por objeto ingresar dólares a las arcas oficiales.
Esa propuesta fue anunciada por la presidenta de la Nación en su primera cadena nacional del año, el 7 de febrero. Ese día Cristina Fernández de Kirchner sorprendió anunciando el envío al Parlamento del memorando de entendimiento firmado con Irán para crear una comisión que interrogara a los acusados por el atentado a la AMIA. El mensaje estaba grabado y en el mismo Cristina defendió el accionar de su Gobierno y el de su esposo sobre la causa AMIA, y especialmente el acuerdo con Irán, afirmando que “conduce a destrabar la causa y empezar un camino para encontrar la verdad”.
Los temas votados
1º) Reforma Judicial 52%
2°) Blanqueo de capitales 19%
3°) Acuerdo con Irán 8%
4°) Presupuesto 6%
5°) Fertilización asistida 5%
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