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Por Argentina Humana. La Legislatura jujeña aprobó la aplicación de un seguro obligatorio de salud, el mismo no hace más que imponer el pago a todos los jujeños y jujeñas de servicio que el Estado debe garantizar, es decir de carácter recaudatorio.
Sin importar que el 55,7% de la ciudadanía se encuentra bajo la línea de la pobreza, no pudiendo ni siquiera cubrir los gastos de la canasta básica familiar, el oficialismo ingresó de último momento el proyecto del Seguro Provincial de Salud (Seprosa) el cual ni siquiera tuvo tratamiento en comisión, mucho menos abierto a la población, para poder implementar modificaciones. Este último sería administrado por el Instituto de Seguros de Jujuy, servicio carente que ya conocemos.
Así, con esta ley, el gobierno de Carlos Sadir continúa con la política de privatización del Sistema de Salud Pública que inició Gerardo Morales en 2015. Para garantizar la adhesión a esta obra social encubierta, la normativa establece que en todos los trámites que se realicen en la administración pública se exigirá el pago de este seguro, incluso para trabajadores que no cuenten con ingresos fijos, tocando así el bolsillo de los sectores más vulnerables de la población.
La aprobación de este seguro en Jujuy se contrapone al derecho universal a la salud que se encuentra garantizado por los artículos 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, por lo que desde Irma Carrica-Patria Grande Jujuy no sólo rechazamos su implementación, sino que además repudiamos el acompañamiento de legisladores que incumplen su deber de representar al pueblo que los votó. Porque la mercantilización perjudica a quienes menos tienen.
