En el marco del 6to juicio de Lesa Humanidad, sigue la etapa de alegatos y el último jueves, fue el turno de la querella institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en conjunto con H.I.J.O.S. Jujuy, en esta oportunidad tomó la palabra Paula Álvarez Carreras.
En primer lugar, recordó que en esta causa se incluyen los hechos cometidos en contra de 120 víctimas de la dictadura cívico-militar, muchos de estos hechos fueron probados y varios imputados fueron condenados por estos delitos en causas anteriores.
También es cierto que, de la totalidad de víctimas, 44 permanecen desaparecidas y 76 sobrevivieron. La letrada resaltó las ausencias en el debate de los responsables civiles: Pedro Carlos Blaquier y Alberto Lemos por los hechos sucedidos durante los apagones en Libertador General San Martín.
En este alegato conjunto, indicó que no solo se apunta a la cantidad de víctimas sino también a lo que significó en las vidas de esas personas, que tuvieron que atravesar por los gravísimos hechos, considerados delitos de lesa humanidad, además, todas las pruebas, fundamentan y sostienen las acusaciones contra los imputados, y en consecuencia solicitaremos la pena que les corresponde por su responsabilidad penal en dichos delitos, dijo.
Además, destacó el compromiso del Estado Nacional representado desde la Secretaría de DDHH de la Nación como parte acusadora, acompañando a las partes querellantes particulares y la demanda de los organismos de DDHH. Luego adhirió a lo ya expuesto por la fiscalía, en la misma lógica y en conjunto con la querella de H.I.J.O.S. Jujuy.
La querella recordó que al tratarse de delitos de lesa humanidad, estos, a pesar del paso del tiempo, no prescriben y al respecto citó las palabras del Dr Eduardo Luis Duhalde quien en su momento expresó la importancia de la reparación simbólica del acto judicial de la sentencia, “sustentado en la credibilidad de los testimonios, sabiendo que -aunque este no devuelve la vida a los asesinados, ni borra padecimientos sufridos por los testigos- adquieren un carácter esencial al restablecer los principios lógicos, éticos y jurídicos referidos a un mundo concentracionario (sistema nazi de campos de concentración) que restituye la razón asaltada, suspendida por la impunidad que han gozado hasta el presente aquellos genocidas”.
Por este motivo, los alegatos, las responsabilidades y las penas pretenden la reparación simbólica, en ese sentido citó la jurisprudencia en la que se manifestó “la necesidad y la obligatoriedad de estos procesos en el sentido de combatir definitivamente la impunidad”.
Fue un plan sistemático, premeditado, organizado y ejecutado contra la juventud militante
Ante el peligro de los discursos negacionistas (sostenidos por personas que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda para ellas), que desdibujan la historia y quieren borrar las responsabilidades de los hechos ocurridos, la querella juzgó necesario recordar que en nuestro país no hubo una guerra, no existieron dos bandos que se enfrentaron -como surge de los discursos repetidos, incluso en boca de diputados y legisladores tanto locales como nacionales, lo cual es sumamente peligroso porque aluden a la falsa “teoría de los dos demonios”- sino que, en Argentina se instaló el terrorismo de estado y ese 24 de marzo de 1976 las fuerzas, lideradas por el ejército, apoyaron a un sector de la sociedad civil que se apropió de las instituciones y se implantó lo que se autodenominó “Proceso de reorganización nacional”.
No existen dudas de que fue un plan ilegal, planificado y sistemático secreto en el que se sentaron las bases para que el golpe del 24 de marzo, en 1976, pudiera tener efecto, y sustentaron el marco normativo que implementó las prácticas ilegales y siniestras de secuestro, desaparición, tortura y muerte de miles de ciudadanos y ciudadanas argentinas.
Además, se trató de imponer un plan económico que proporcionó enormes ganancias a una minoría, liquidando la resistencia social organizada y expresada en comisiones obreras, estudiantiles y políticas.
Por último, se informó que la próxima audiencia, N°93, se llevará a cabo el jueves 23 de junio a las 08:30 horas en la sala del TOF de Jujuy, la querella continuará con los alegatos. La cita revestirá la misma modalidad virtual y será transmitida en vivo por el canal de Youtube del CIJ (Centro de Informaciones Judiciales) https://www.youtube.com/user/cijargentina
