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Por Claudio Mardones, en Tiempo. El fracaso de la reforma electoral que impulsó el gobierno para intentar la aplicación la Boleta Única Electrónica (BUE) en todo el país, entre 2016 y 2017, echó a andar la cuenta regresiva sobre quiénes se quedarán con los negocios tecnológicos y electorales de los próximos comicios nacionales de agosto y octubre.
La puja tendrá una inflexión clave dentro de dos semanas. Será cuando se conozcan las empresas que competirán para quedarse con la realización del escrutinio provisorio de las PASO de agosto, las presidenciales de octubre y un eventual balotaje. La operación costó 23 millones de dólares en las elecciones de 2015. Fue realizada por la española Indra, que ahora competirá con Smartmatic, actualmente de capitales ingleses. Para este año, el proceso puede sufrir un incremento del 30% y llevar el costo total a más de 40 millones de billetes verdes, según estimaciones oficiales.
La disputa por la operación del conteo provisorio no es la primera pulseada económica del año. Smartmatic, con casa matriz en Los Angeles, Estados Unidos, y 15 años de provisión de tecnología en Venezuela, ya se quedó con la provisión del software que utilizará el Correo Argentino para la transmisión de los datos, con una oferta de 1.365.232,66 dólares, menos de la mitad de los 3.971.567 que propuso Indra.
Detrás de los dos principales ofertantes quedaron otros tres interesados: Arsat, Excelsis y el Grupo MSA, la empresa con casa matriz en la localidad santafesina de Rafaela, que impulsó la implementación de la BUE en la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta.
La ventilación de la primera licitación que ganó Smartmatic, y el desarrollo de la segunda, desató la primera crítica pública de la oposición. El exgobernador y titular del PJ, José Luis Gioja, le envió una carta al gobierno para pedirle explicaciones. «Nos enteramos por la prensa que desde el Ministerio del Interior están cambiando cuestiones que tienen que ver con la transmisión de datos electorales, y que una empresa nueva, SmartMatic, proveerá el software, como así también que en febrero se licitará la realización del escrutinio» y el PJ «ni siquiera fue anoticiado”.
«Tenemos algunas sospechas. Pensamos que el gobierno está armando un sistema fraudulento para garantizarse un triunfo electoral utilizando la tecnología, porque en las urnas van a perder contra el peronismo unido», acusó.
En un escenario político con 13 provincias que ya anunciaron el desdoblamiento de sus elecciones de las presidenciales, cada uno de esos distritos es escenario de la misma puja que se juega en la licitación que resolverá el Correo Argentino a nivel federal. La empresa telepostal del Estado tiene competencias legales para organizar los comicios y depende del vicejefe de Gabinete y encargado del área de Modernización, Andrés Ibarra, que reporta directamente al ministro coordinador, Marcos Peña, también jefe de campaña de Cambiemos.
Para las dos (o tres) visitas nacionales a las urnas hay dos instancias de escrutinio: el provisorio, cuyos resultados se conocen horas después del cierre de las mesas, y el definitivo, que comienza a la semana siguiente. El primero es realizado por el gobierno, a través del Correo y la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del Ministerio del Interior. Ese proceso estuvo a cargo de Indra desde 1997. El segundo es una potestad de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que ya contrató a Smartmatic para la validación de la identidad de los votantes en 2017, con la utilización del sistema biométrico de reconocimiento digital.
Luego de las elecciones de 2015, la CNE recomendó la aplicación de monitoreo satelital vía GPS a las camionetas que llevarán la documentación y también la utilización de escáners desde cada centro de votación para transmitir la imagen, en formato PDF, a la sede del Correo en el partido bonaerense de Monte Grande y a la sede central del barrio porteño de Barracas. Eso implicaría la dotación de unos 1500 escáners automáticos en distintos puntos. Sin embargo, la cifra no aparece especificada en el pliego de la licitación convocada por el Correo porque esos aparatos serían comprados por el gobierno.
En las últimas legislativas, el Ejecutivo, a través de la DINE, reforzó la cantidad de aparatos en las zonas más calientes del escrutinio por la cantidad de electores y la ansiedad pública por conocer a los ganadores: la provincia de Buenos Aires y especialmente el Conurbano bonaerense. Ese territorio concentra casi el 40% del electorado nacional y su volumen resulta definitorio para la tendencia definitiva de la elección.
Las fallas territoriales y logísticas en la consolidación del provisorio reanimaron las habituales sospechas sobre presunta manipulación de los datos en el «minuto a minuto» antes del cierre de los comicios, especialmente en la elección de qué zona era cargada antes dentro del centro de cómputos del Correo. «
La xenofobia como eje de la campaña
Desde hace algunas semanas, el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, venía agitando en las redes sociales la necesidad de cobrarles la atención de los servicios de salud a los ciudadanos bolivianos. Incluso mantuvo cruces con la ministra de Salud de Bolivia por este tema. Finalmente, el miércoles pasado, la Legislatura provincial aprobó el proyecto para cobrar por las prestaciones médicas que reciban los extranjeros en tránsito a pesar de que el sistema de salud público es gratuito para todas las personas sin que importe su nacionalidad.
Desde la oposición, señalaron que no sólo se trata de un «papelón» sino que también es un grave antecedente que se vincula con la visión xenófoba que tiene la alianza Cambiemos, tanto a nivel provincial como nacional, y que se puede apreciar en cómo han puesto a los migrantes de países vecinos en la mira.
