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Por Carlos Haquim, secretario General del Defensor del Pueblo de la Nación. La trata de personas constituye una grave violación al paradigma de los derechos humanos ya que despoja a las personas de su integridad, dignidad y libertad y las reduce a meros objetos o mercancías con el fin de ser utilizadas en la explotación sexual, laboral, extracción ilícita de órganos, o su reducción a la servidumbre y otras prácticas esclavistas.
Esta práctica delictiva es un fenómeno mundial provocado por la demanda y potenciado por una amplia gama de factores; principalmente las inequidades sociales, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la discriminación, la violencia de género, entre otros. Todas estas situaciones condicionan la vida de miles de personas que, en búsqueda de mejores posibilidades laborales o para superar situaciones de precariedad material, intentan nuevas estrategias de supervivencia sin advertir que comprometen su destino de caer en manos de redes criminales.
La mayoría de las víctimas de trata a nivel mundial son mujeres y niños. En el mundo, alrededor de dos millones de personas han sido víctimas de trata según información de Naciones Unidas sobre datos obtenidos en 137 países. Entre el período 2007 y 2010, del total de víctimas detectadas oficialmente a nivel mundial, las mujeres representaron entre el 55% y el 60%; y los niños y niñas el 27%.
La trata de personas se sitúa como el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, tras el narcotráfico y la venta de armas. De acuerdo con los datos de la OIT, las ganancias ilícitas totales del trabajo forzoso se estiman en aproximadamente 32 billones de dólares al año, de los cuales el 76% proviene de la explotación sexual.
A nivel interno nuestro país ha sido catalogado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América como un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.
Por su parte, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informa que desde la sanción de la ley 26.364 en el año 2008, fueron liberadas más de 6.750 personas que eran sometidas a explotación sexual o laboral y, en lo que va del 2014, el Estado nacional ya rescató a 690 víctimas de trata.
El 52% de las víctimas rescatadas eran víctimas de explotación laboral, mientras que el 48% restante eran sometidas a explotación sexual. El 88% eran mayores de edad y un 54%, de nacionalidad extranjera.
El Programa también informó que la línea gratuita 145, que atiende denuncias por este delito, desde que empezó el año recibió 448 llamados: el 64 % vinculados a denuncias por explotación sexual, mientras que un 13 % tuvo que ver con personas desaparecidas, y un 9 % con casos de explotación laboral.
La intervención del Defensor del Pueblo de la Nación frente a este delito resulta fundamental, toda vez que este accionar atenta contra la esencia misma del ser humano. La expresa incorporación del Defensor del Pueblo en la nueva ley de Trata de Personas, evidencia la voluntad de los legisladores de posicionar a esta Institución como un actor relevante en la lucha contra la trata y explotación de personas y asistencia y protección de las víctimas, promoviendo el doble rol tanto como organismo de control de planes y programas de lucha contra la trata de personas, como de agente pro activo en la defensa de los derechos humanos de las víctimas.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación, a los fines de mayor celeridad y flexibilidad en sus acciones e investigaciones, se encuentra implementado mecanismos de articulación, protocolos de intervención, gestiones de cooperación, orientados a garantizar los derechos fundamentales de las personas víctimas de este delito.
La trata de personas priva a los seres humanos de la libertad más básica: la de decidir sobre su propio proyecto de vida. Nuestro trabajo como Defensores de los derechos humanos consiste en garantizar el restablecimiento de los derechos que le fueron arrebatados. Procurando que la reparación conduzca a la justicia, que la justicia restituya el pleno ejercicio de los derechos y, que este ejercicio efectivo, otorgue dignidad e integridad a las víctimas para que puedan afrontar un nuevo proyecto de vida.
