Por Ali Reza Peralta*. El 6 de agosto el Gobierno de Javier Milei va por la instalación de una economía de enclave para la nueva oligarquía tecnocrática, el hecho consumado desarmaría la integridad nacional.
La historia argentina enseña que las grandes entregas no se presentan como entregas. Se presentan como modernizaciones. Como adecuaciones técnicas. Como la necesidad imperiosa de adaptarse a lo que el mundo demanda.
La trilogía normativa que el Poder Ejecutivo Nacional impulsa en el Senado -reforma de la Ley de Tierras Rurales 26.737, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Super RIGI) y reforma integral de la Ley General de Sociedades 19.550- constituye la más sofisticada operación de reconfiguración territorial y jurídica de las últimas tres décadas. No son tres leyes. Es un solo modelo: la instalación de una economía de enclave para la nueva oligarquía tecnocrática.
Y el 6 de agosto, fecha para la que quedó postergado por cuarta vez el tratamiento de la Ley de Tierras por falta de votos del oficialismo, es el momento donde esa operación se puede consumar o frenar.
Qué es una economía de enclave y por qué esta trilogía la constituye
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, definiendo hace 70 años la economía de enclave: un emprendimiento de gran escala, controlado desde afuera, que opera en un territorio pero no se integra a él. No genera encadenamientos productivos, no transfiere tecnología, no densifica el tejido social. Extrae valor y lo remite.
Esta trilogía es la ingeniería jurídica perfecta del enclave del Siglo XXI.
- Primer pilar: El territorio sin límite
El proyecto original del Ejecutivo elimina lisa y llanamente los topes cuantitativos vigentes. La ley actual es clara: los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, límite que también rige por provincia y municipio. Con esa eliminación, se habilita la compra irrestricta de suelo con agua, minerales y aptitud productiva.
El dato no es menor: el proyecto ya tiene dictamen y fue postergado hasta el 6 de agosto porque sectores aliados se resisten a acompañar.
- Segundo pilar: El capital sin tributación ni arraigo
El Super RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados con 130 votos a favor, exige un desembolso mínimo de US$1000 millones para calificar y apunta a industrias que no existen hoy en el país: IA, semiconductores, biotecnología avanzada.
A cambio, ofrece Ganancias al 15%, exención aduanera total y libre disponibilidad del 100% de las divisas desde el tercer año. Es un Estado dentro del Estado por 30 años.
- Tercer pilar: La empresa sin personas ni jurisdicción nacional
La reforma de Sociedades, presentada una semana después del Super RIGI, crea figuras vinculadas a blockchain e inteligencia artificial y habilita que las controversias se resuelvan mediante arbitrajes internacionales bajo legislación extranjera.
Consagra la Sociedad Automatizada: una empresa que opera íntegramente mediante algoritmos, sin directorio humano en el país.
La secuencia es quirúrgica: la Ley de Tierras te entrega el suelo, el Super RIGI te garantiza que no pagues impuestos por explotarlo y que te lleves los dólares, y la Ley de Sociedades te permite que el dueño sea un algoritmo con domicilio en Singapur que litiga fuera de Argentina.
Eso no es desarrollo. Es extraterritorialidad.
Quiénes acompañan: La oposición que legitima
Aquí es donde la denuncia se vuelve estratégica. El enclave no se instala solo con los votos de La Libertad Avanza. Necesita del acompañamiento, activo o por omisión, del campo dialoguista.
El caso paradigmático es el dictamen de minoría del Bloque Convicción Federal del 20 de mayo. Lejos de ser un freno, es la coartada perfecta.
Su análisis demuestra que, aunque introduce mejoras garantistas en desalojos -exige caución suficiente en lugar de declaración jurada, sube de 3 a 10 días la intimación- y crea controles como la identificación del beneficiario final, convalida el núcleo ideológico del proyecto oficialista.
En Tierras, también deroga el esquema de topes fijos nacionales y traslada la potestad a las legislaturas provinciales. Es decir, elimina el escudo nacional del 15%.
Que el silencio de una legislatura por 180 días equivalga a denegación es mejor que la aprobación automática del proyecto original, pero implica desnacionalizar la soberanía. Una provincia endeudada, con 30% de pobreza, negociando sola contra un fondo de inversión que ofrece 1000 millones de dólares amparado en el Super RIGI, no es federalismo. Es balcanización de la defensa nacional.
En Expropiaciones, coincide sustancialmente con el oficialismo: interpretación restrictiva de utilidad pública e incorporación del lucro cesante, hoy expresamente prohibido. Solo discute el tope.
En Manejo del Fuego, reduce la veda de 60 a 30 años.
Esta es la función histórica del dialoguismo: humanizar lo inhumanizable para que sea votable. Le pone casco al modelo, pero no le cambia la moto. Y una vez que el tope nacional cae, no vuelve más.
A este bloque se suma el sector de la UCR y otros bloques provinciales que, aunque emitieron comunicados críticos diciendo que la iniciativa compromete la soberanía, en la práctica habilitan el quórum y la negociación por capítulos. Son los que permiten que el 6 de agosto llegue.
La defensa imperiosa del campo nacional: No es nostalgia, es estrategia
Frente a esto, la defensa del campo nacional no es una consigna de otra época. Es la única posición racional y moderna.
Defender el campo nacional significa defender cuatro principios que esta trilogía destruye:
1. Densidad vs. enclave. La Argentina necesita, como planteamos al inicio, generar densidad en su desarrollo económico y productivo con más diversidad y no con menos, y con menos distancia entre los sectores favorecidos y los que les cuesta la adaptación tecnológica. El enclave hace lo contrario: crea dos Argentinas. Una de data centers con energía subsidiada y tierra barata, y otra de pymes y productores que no pueden competir por esa misma tierra y energía.
2. Soberanía territorial como sistema de defensa. La Ley de Tierras no es una ley agraria. Es una ley de defensa nacional. Las zonas de frontera, las cuencas hídricas, el Acuífero Guaraní, no pueden quedar sujetas a la autorización de una legislatura provincial capturable. Son bienes comunes de la Nación.
3. Soberanía jurídica. No podemos permitir que una empresa que es dueña de 20.000 hectáreas en zona de frontera, con beneficios fiscales extraordinarios, pueda litigar en Nueva York bajo derecho extranjero porque es una DAO (organización digital en criptomonedas). Eso es la renuncia lisa y llana a la jurisdicción.
Integración armónica vs. Consumación de ganadores
Lo que esta trilogía quiere es consumar ganadores ex-ante. Elegir quiénes son los que van a ganar en los próximos 30 años y darles todo el marco para que no tengan que negociar con nadie.
La tarea de la política es exactamente la inversa: evitar que los ganadores del cambio tecnológico se despeguen definitivamente del resto de la comunidad nacional.
El 6 de agosto no se vota solo una ley. Se vota si la Argentina va a ser un país con territorio, industria y derecho propio, o una plataforma continental de servicios para una nueva oligarquía tecnocrática que no vive, no tributa y no litiga acá.
La pelea es importante. Y el clima en Argentina es hermosamente malvinense y anti entrega, se siente en la calle. Falta que exista en quiénes desde su función legislativa deben frenar al Gobierno libertario.
* Director de la Academia del Pensamiento Estratégico, y su plataforma comunicacional ApeTv.