Por Marianela Mayer, en Télam. Las elecciones del domingo, donde se elige nuevo presidente, están enmarcadas en una situación caótica producto de la incapacidad de accionar frente a la pandemia y la crisis política instalada desde la destitución de Evo Morales en noviembre pasado.
La pandemia del coronavirus marcó la antesala de las elecciones generales en Bolivia con una crisis múltiple que desbordó al sistema sanitario boliviano, profundizó la recesión económica y disparó las tensiones políticas a niveles que hicieron temer el estallido de una guerra civil en el país andino.
Con 139.319 infectados y 8.407 fallecidos por la Covid-19, Bolivia es el quinto país del mundo con más muertes por millón de habitantes y el segundo de América Latina -por detrás de Perú-, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, una revisión de las cifras de mortalidad efectuadas por el diario The New York Times señaló que el número real de decesos durante el brote es casi cinco veces mayor que la cifra oficial.
El extraordinario aumento de las defunciones -sólo en junio hubo 20.000 más que en años anteriores en un país con apenas unos 11,6 millones de habitantes- es «más del doble» que el vivido en Estados Unidos y «muy superior» a los niveles de Italia, España y el Reino Unido, concluyó el informe.
El avance desenfrenado del virus, que fue detectado en el país el 10 de marzo, llegó incluso a contagiar a la presidenta de facto Jeanine Áñez y a más de una decena de miembros de su gabinete, además de parlamentarios, al presidente del Banco Central y al comandante de las Fuerzas Armadas.
Las limitaciones estructurales de Bolivia -un frágil sistema de salud, un gobierno descentralizado y una infraestructura deficiente- dificultan su capacidad de respuesta frente a enfermedades infecciosas, como ya ocurrió con el dengue, admitió el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud boliviano, Virgilio Prieto.
El brote de Covid-19 se vio agudizado por el contexto de inestabilidad política que afronta el país desde la anulación por supuesto fraude de los comicios de octubre de 2019, que derivó en la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales y en la formación de un gobierno de facto, a cargo de Áñez.
La confrontación política entre el Ejecutivo conservador y el Legislativo -de mayoría opositora- impidió el desarrollo de estrategias para contener la pandemia, lo que propulsó el rápido desborde del sistema sanitario.
«Nuestro sistema, ya sea estatal o privado, colapsó tempranamente. Muchas personas murieron sin diagnóstico ni ayuda médica. En la región del Amazonas, el sector de sanidad incluso se ha estancado en el nivel de hace medio siglo», dijo a la cadena Deutsche Welle Fernando Patiño, uno de los mejores oncólogos del país que trabajó para la prestigiosa universidad estadounidense Johns Hopkins.
Una situación denunciada también en agosto, en pleno pico del brote, por el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Adrián Ávila, quien deploró que tras cinco meses de epidemia «casi nada ha cambiado».
Como ejemplo, indicó que Bolivia contaba en marzo con 490 camas de terapia intensiva y en agosto estas apenas habían aumentado a 520.
El intento del gobierno de facto de mejorar la infraestructura hospitalaria se vio manchado en mayo pasado por un escándalo de corrupción, que le costó el cargo al entonces ministro de Salud -detenido en prisión domiciliaria- por supuesto sobreprecio en la compra de 500 respiradores a una empresa española.
La imagen más impactante de este colapso sanitario fue la de las decenas de cadáveres en las calles, domicilios y vehículos en diferentes localidades.
Solo el viernes 31 de julio, la policía boliviana levantó los cuerpos de 69 personas, de los cuales 26 se hicieron en La Paz.
Desbordados por el aumento repentino de decesos, las funerarias, cementerios y crematorios se vieron incapaces de responder a la alta demanda y muchas familias tuvieron que esperar varios días con los fallecidos en sus casas hasta poder enterrarlos.
Los meses más críticos del brote en el país fueron julio y agosto, que coincidieron además con la escalada de la tensión política por un nuevo retraso de las elecciones generales.
Las variaciones del cronograma electoral
Previstas inicialmente para el 3 de mayo, el Gobierno de facto decidió retrasarlas por la pandemia al 6 de septiembre y, por esta misma razón, el Tribunal Electoral decidió a finales de julio volver a posponerlas al 18 de octubre, lo que desató una ola de protestas de sectores opositores.
Durante 12 días, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad del Movimiento al Socialismo (MAS) del exmandatario Morales paralizaron el país con piquetes en las principales rutas, lo que llevó al Gobierno de facto a acusarlos de impedir el suministro de oxígeno e insumos a hospitales y querer desestabilizar el país, algo que estos rechazaron.
En tanto, se dispararon de las amenazas de violencia política por parte de la derecha, por lo que la Iglesia Católica y Naciones Unidas instaron al diálogo ante el temor del estallido de una guerra civil.
Pese a las acusaciones cruzadas, el Gobierno de Áñez y el MAS llegaron a un consenso a mediados de agosto y promulgaron una ley que fijó la fecha electoral para el 18 de octubre.
Tanto la gestión de este conflicto como de la pandemia terminaron costándole la candidatura a la presidenta de facto, que tras una baja de su popularidad, decidió abandonar la carrera electoral para evitar «dividir» el voto contra el partido de Morales.
Tampoco ayudó la situación económica, la peor en casi 40 años, marcada por el desplome de la actividad, el cierre de empresas y una ola de despidos exacerbada por la pandemia del coronavirus.
Si bien el país vive actualmente un descenso de contagios de Covid-19, las autoridades advirtieron de una posible segunda ola tras la flexibilización de las medidas de cuarentena, que fue estricta hasta finales de agosto, e instaron a no bajar la guardia ante los comicios del domingo.