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A través de una carta firmada por el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, que llegó a los despacho de los nueve diputados nacionales por esa provincia, se recordó que «la sanción de la ley de financiamiento universitario significó un alivio para las universidades nacionales al resolver los críticos desequilibrios presupuestarios ocasionados por los altos índices de inflación de los últimos meses del año 2023 y primer semestre del 2024».
Diputados de la oposición fijaron para el miércoles 9 a las 11 la sesión para revertir el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
«La comunidad de la Universidad Nacional de Tucumán celebró que los representantes del pueblo argentino hayan asumido con claridad y convicción la auténtica defensa de la Educación Superior Universitaria,», reconoce la carta, que en contraposición señala que «el veto presidencial a esta importante ley no solo pone al funcionamiento de la Universidad Argentina ante una severa crisis y arroja un sombrío panorama para el año próximo; sino que además muestra la baja valoración que el PEN otorga a la Educación Publica universitaria y es un triste señalamiento que esta no es una prioridad para la actual gestión».
Luego de remarcar la masividad de la última Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre, el texto finaliza con una interpelación a cada diputado: «La coyuntura actual lo enfrenta al desafío de honrar ante la sociedad y ante la historia, su compromiso y convicción en defensa de la Universidad Argentina. La Universidad Nacional de Tucumán lo exhorta a que rechace el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario».
Tucumán es una provincia fundamental para que la oposición alcance la mayoría especial de dos tercios en el recinto, no solo por los nueve diputados que la representan sino también por su composición. Se anticipa que haya tres votos a favor de la ley de financiamiento universitario (Cisneros y Yedlin, de Unión por la Patria, y Sánchez, de la UCR) y dos en contra (Huesen, de La Libertad Avanza, y Omodeo, de CREO).
Sin embargo, constituyen un interrogante los cuatro restantes. Uno de ellos es Mariano Campero, radical que se mostró alineado en el último mes a las políticas de Casa Rosada y respaldó el veto presidencial a las jubilaciones. Los otros tres corresponden al bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, cercano a la gestión nacional. Ante la desconfianza de que voten a favor de la ley, el anhelo es que se ausenten en la sesión mejorando las posibilidades opositoras.
En caso de que la totalidad de los 257 diputados estén presentes, se necesitan 172 votos (dos tercios) para revertir el veto presidencial, por lo que con 86 voluntades se aseguran que eso no ocurra. Sin embargo, desde el oficialismo y la oposición dan por descontado que habrá ausencias de los que buscan evitar confrontar con Nación y con las comunidades universitarias de sus distritos. Como referencia, en la sesión del 15 de agosto hubo 35 ausentes, provenientes de todos los partidos.
La aspiración de los que quieren revertir el veto es captar la mayor cantidad de esos votos. Hay dos posturas que los entusiasman, principalmente porque llegan desde el PRO: la de Álvaro González, cercano a Larreta, y la de Héctor Baldassi, el exárbitro que publicó en sus redes sociales su respaldo a la marcha universitaria. El silencio de Mauricio Macri y la tensión que tiene su partido con La Libertad Avanza en los parlamentos de ciudad y provincia de Buenos Aires pueden profundizar las deserciones amarillas.
En caso de que la Cámara de Diputados ratifique el incremento presupuestario la semana que viene, el Senado tendría el camino allanado para provocarle un fuerte impacto al Gobierno, más político que de orden fiscal. Allí necesitan 48 votos y ya tienen garantizados 47 entre los bloques de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical, que sostienen fluidez con autoridades universitarias. El apoyo restante podría provenir de cuatro bloques distintos, pero ni siquiera haría falta: Guadalupe Tagliaferri (PRO) anticipó que acompaña la mejora en el financiamiento universitario.
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