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A solo dos días de haber lanzado un aumento del 251 por ciento en los boletos de trenes y colectivos, el gobierno nacional anunció que se reducirán los subsidios a las empresas del sector en todo el país. De este modo, las empresas van a poder cobrar lo que les parezca mientras que los subsidios serán solo para los usuarios que entren en la tarifa social.
La medida aparece como una venganza hacia las provincias, ya que “elimina el Fondo Compensador del Interior” que regulaba el precio de los pasajes. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -que concentra la más grande cantidad de pasajeros del país- ya sufrió esta semana un tarifazo en el transporte con una suba del 251% y volverá a aumentar en abril.
En este sentido la administración de Javier Milei le enrostró a los gobernadores que esto responde a un acuerdo que ellos habían firmado hace seis años atrás, durante el gobierno de Mauricio Macri. «Por supuesto va a repercutir en tarifas», dijo el vocero presidencial Manuel Adorni y lanzó que «el objetivo de todo esto es la equidad».
Según un comunicado de la Secretaría de Transporte, el único sector que seguirá recibiendo la ayuda estatal para viajar será a los usuarios de menores recursos, a través de la tarjeta SUBE, cuyo sistema sigue colapsado hace días. “Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social” que “implica un descuento del 55 por ciento de la tarifa del boleto”, puntualizó la cartera.
El texto oficial carece de especificaciones y abunda en generalidades que no permiten precisar el alcance de la medida ni su entrada en vigencia ni el porcentaje de subsidio que se disminuye. Solo dice que la administración de La Libertad Avanza (LLA) “ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias” para «concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa”.
Agrega que “la Secretaría de Transporte ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos” del AMBA, “otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar”.
Si bien la reducción del subsidio que reciben las empresas no fue definida, su “disminución (será) considerable”, dice la cartera de Transporte. Una vez implementada la novedad, quedaría habilitado que cada empresa determine el valor del pasaje a su propio criterio y hasta podría decidir el cierre de algunas líneas o trayectos si no fueran rentables.
Golpe a las provincias
Lo que sí deja claro el gobierno nacional es que la peor parte la llevan los gobernadores a los que el Presidente y varios de sus funcionarios le atribuyeron el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso.
A partir de este año, dice el comunicado, “se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país”.
“Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte”, les enrostra.
Ese pacto recaía sobre el AMBA pero también “establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”, les recordó el gobierno de Milei.
