Luego de los allanamientos a las tres casas de Cristina Kirchner, el abogado de la ex presidenta informó sobre las irregularidades en las que incurrió el juez federal Carlos Bonadio, al mando del operativo, y los miembros de las fuerzas que intervinieron en el show judicial – mediático en el marco de la causa de las fotocopias.
En un comunicado publicado este lunes en el sitio web de la exmandataria, el letrado Carlos Beraldi denunció la presencia post allanamiento de tóxicos de contacto en el departamento de Recoleta, el secuestro de documentación del cargo de senadora que Kirchner ejerce actualmente, de una camioneta modelo 2009 y la permanencia indebida e ilegal en la casa de Calafate, entre otros puntos.
Las propiedades inspeccionadas en los últimos tres días fueron: un departamento de las esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, una casa en Río Gallegos y otra en El Calafate.
Quizá la circunstancia más extraña que reveló Beraldi fue la presencia de sustancias «tóxicas» en la unidad de Capital Federal después del operativo de la Policía Federal que se extendió 13 horas.
Sobre lo que denominó un «hecho de extraordinaria gravedad», el abogado denunció que los trabajadores que realizaron la limpieza del departamento después del allanamiento sintieron «mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar» y debieron concurrir al Hospital de Clínicas. «Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente. Por esa razón mi representada decidió no regresar a ese departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento», describió.
Como había anticipado el viernes pasado, Beraldi informó que denunció al juez Bonadio ante la Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogadosporque el magistrado le «impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay». Esto representa una violación de «las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento».
En la misma línea, el letrado destacó en el comunicado que la inspección a la propiedad de El Calafate «fue extendida en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana» y denunció: «Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita».
Acerca del material que la Justicia secuestró en los inmuebles, el abogado señaló que «no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación».
También reveló que «se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación» y que «ni siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año 2009».
Acerca del allanamiento a la casa de El Calafate, Beraldi destacó que no se preservó «la cadena de custodia de las cosas» requisadas y se quejó por el modo irregular en que se desarrolló el operativo. «El procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez. En cada interrupción, el domicilio queda bajo la disposición discrecional de la fuerza policial destacada por el magistrado, sin que se pueda tener supervisión alguna sobre ellos. Concretamente: durante toda la noche no sabemos quién entra o sale de la casa y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa», puntualizó.
Con una reflexión sobre la persecución política judicial que vive la exmandataria, el abogado cerró el comunicado. «Este nuevo capítulo, que se suma a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones hacia la Dra. Fernández de Kirchner, en las que ni siquiera se han privado de escuchar y difundir sus conversaciones privadas, seguir sus movimientos utilizando personal de inteligencia del Estado e involucrar a los miembros de su familia en las distintas asociaciones ilícitas, constituye una etapa institucional que nos lleva a una sociedad pre democrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los opositores al gobierno actual, son directamente eliminados», finalizó.
Sobre los allanamientos a los domicilios de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner