Esta expresión masiva impulsó a que muchas mujeres, docentes, estatales, municipales, amas de casa y estudiantes decidan participar de manera activa y organizarse para pelear por todos nuestros derechos, porque sabemos que es esta la única forma en que podremos conquistarlos, saliendo a las calles y haciendo sentir nuestras voces.
Atentando contra nuestro derecho a decidir, hoy jueves organizaciones católicas convocan una marcha nacional “en defensa de la vida y la familia”, que en nuestra provincia se concentrará en plaza Belgrano. Las organizadoras resaltan su rechazo al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
Una de sus organizadoras, Paola Gutiérrez, de la Asociación “Déjame Vivir” sostuvo que “este protocolo con términos mentirosos nos quieren decir que es por el bien de la mujer, porque hay una tasa de mortalidad materna a nivel nacional, lo cual también es una mentira porque usan estadísticas falsas para promover el aborto”, desconociendo las estadísticas que afirman que son más de 300 las mujeres que mueren al año porque esta práctica no es legal, muertes completamente evitables; en Jujuy incluso, la mortalidad materna duplica la media nacional. Intentan ocultar las consecuencias de las miles de mujeres, en su gran mayoría pobres, que mueren por año al tener que acceder a la práctica de un aborto en la más absoluta precariedad, en tanto quienes tienen recursos económicos acceden a la práctica en condiciones médicas seguras.
Gutiérrez intenta ampararse detrás de la objeción de conciencia, sosteniendo que “si un médico se quiere oponer a realizar un aborto por una cuestión de conciencia, porque ellos saben que la vida empieza con la concepción, este protocolo quiere obligar a los médicos que a pesar de estar en contra, realicen esta práctica”, sin embargo niegan que si bien la objeción de conciencia es válida, el sistema en su totalidad no puede declararse objetor porque perdería su sentido, es decir que si un médico se niega a practicar un aborto legal, el sistema de salud debe garantizar esa práctica por otro médico o en otro establecimiento.
Es importante resaltar que la Iglesia Católica es uno de los responsables centrales, junto a los gobiernos y partidos de la oposición, que vulneran los derechos de las mujeres, sosteniendo a curas pedófilos, siendo un obstáculo para la aplicación de la Ley de Educación sexual Integral en la provincia y el Protocolo para la interrupción legal del embarazo. En el caso de la Iglesia no solo se opone al aborto sino que prohíbe en sus colegios que se enseñe educación sexual, y es el sector que recibe grandes subsidios de Estado. Ante esto exigimos la total separación de la Iglesia y el Estado.