En la primera de las audiencias dedicadas a los alegatos finales fue el turno de las querellas, que coincidieron en pedir reclusión perpetua y efectiva en cárcel común para los procesados Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Orlando Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez, Herminio Zárate, Antonio Vargas y César Darío Díaz, por homicidio doblemente calificado agravado; privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia y fuerza, y tormentos agravados por dos o más personas y abuso sexual, de acuerdo a lo que indica la ley de violencia de género.
Estos delitos se cometieron contra las siete víctimas desaparecidas del Centro Clandestino de detención del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti el 10 de junio de 1976, durante la dictadura cívico militar, en el marco de la comisión de delitos de lesa humanidad.
La jornada duró casi 10 horas. Se presentaron, en primer lugar, los alegatos de la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (Codesdh), representada por Liliana Molinari y Martín Patiño.
Molinari, mediante videoconferencia, solicitó que a los represores se les aplique la figura de genocidio ya que los hechos que se investigan «reúnen todos los requisitos que lo configuran como tal”, pues «no fueron asesinos seriales, sino asesinos en masa».
María José Castillo, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de las Claudia y Raúl Scurta, hijos de una de las víctimas, fundamentó el pedido “por el plan de extermino sistemático”, y resaltó que el secuestro y la desaparición de las siete personas fue en el marco de ese plan”.
La profesional finalizó su alegato con una carta de Claudia Scurta: «Sufrí, juntos a mis hermanos, el crimen de mi mamá; uno de ellos no pudo soportarlo y se suicidó. Los que quedamos, la mantenemos viva en el alma y quiero que se rompa ese supuesto pacto de silencio y nos digan donde están los 30 mil desaparecidos”.
Por su parte, Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte, abogados querellantes en el caso de las víctimas Osvaldo Giribaldi y los hermanos Juana y Pedro Torres Cabrera, repasaron los puntos destacados de los 60 testimonios de sobrevivientes que señalan a los imputados como los responsables. Ruarte destacó que los testimonios de exmiembros del Servicio Penitenciario “dejaron evidencia clara del rol que cumplió cada uno en la maquinaria genocida de Jujuy”.
Pidió que si Ortiz es condenado, el Tribunal le exija al gobierno que no saque su foto como Director del Servicio Penitenciario sino que una faja la cruce y resalte su figura como violencia de género.
En este segundo juicio se ventilan los casos de los detenidos desaparecidos Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.
Todos fueron detenidos ilegalmente los últimos días de mayo de 1976 y sacados del penal el 10 de junio del mismo año por el comisario Ernesto Jaig y Díaz, sin que se supiera nada más de ellos. Salvo de Álvarez de Scurta, cuyo cuerpo fue exhumado el 5 de enero de 1984 del cementerio de Yala, donde había sido enterrado como NN.