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El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, causó revuelo internacional al afirmar que «no descarta» una ofensiva militar o incluso económica para que su país ocupe Groenlandia, un territorio autónomo danés, en función lo que considera objetivos importantes para la «seguridad nacional». Sus declaraciones, en las que consideró incluso la posibilidad de «comprar» ese territorio, enfurecieron a líderes europeos, quienes ratificaron que esa maniobra implicaría «un ataque contra toda la Unión Europea».
A pesar de que tanto Groenlandia como Dinamarca rechazaron categóricamente cualquier cambio de estatus de soberanía de la isla, las tensiones diplomáticas y las posibles repercusiones de los dichos de Trump reavivaron el debate sobre si podría llegar a producirse una intervención militar estadounidense en territorios soberanos.
La propuesta de Trump de reclamar Groenlandia no es nueva. A lo largo de su campaña electoral, Trump sugirió que la isla, que alberga una base militar clave en el sistema de defensa antimisiles de EE.UU., debería ser «parte de la nación estadounidense» por razones de seguridad nacional. «Groenlandia es un lugar increíble y su gente se beneficiaría enormemente si se convierte en parte de nuestra nación. ¡La protegeremos y la cuidaremos de un mundo exterior muy cruel!», expresó Trump en sus redes sociales.
El interrogante reside en la posibilidad de que efectivamente el presidente electo estadounidense cumpla con sus ambiciones territoriales, justificada en supuestos avances chinos y rusos en la región. Especialmente porque en el caso de la isla más grande del mundo, involucraría la agresión de Estados Unidos contra uno de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza defensiva occidental creada por Washington para sostener el equilibrio de poder en Europa y que es resentida por Moscú.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo que no se pueden cambiar «por la fuerza» las fronteras nacionales de ningún país, y que las palabras de Trump generaron «cierta incomprensión» en Berlín y sus socios europeos, a los que pidió mantenerse unidos.
En tanto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que la isla «no está en venta».
Para Rusia, que de concretarse ese deseo del mandatario que tomará posesión el 20 de enero compartiría soberanías en el Ártico, el tema se relaciona con «una cuestión de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Dinamarca», según el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.
El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, recordó que “Europa permanece muda ante las amenazas de anexión de Groenlandia y de Canadá” y puntualizó que “el método Netanyahu ha funcionado para invadir a sus vecinos y cometer genocidio en Gaza. ¿Por qué Trump no haría lo mismo?”
El británico Anthony Blinken, en tanto, en el marco de su visita a París y en conferencia de prensa junto al ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot, dijo que la intención de Trump no se va a concretar. «Es obvio que la idea expresada sobre Groenlandia no es una buena idea. Pero quizás, lo que es más importante, es que obviamente no va a ocurrir, así que probablemente no deberíamos de perder demasiado tiempo hablando de esto», afirmó.
Barrot, por su parte, señaló que Groenlandia es un «territorio de la Unión Europea y de Europa» y consideró que “no hay manera de que la Unión Europa permita a otras naciones del mundo, cualesquiera que sean, atacar sus fronteras soberanas», y pidió a Europa acentuar su fortaleza ante el resurgimiento de políticas de «la ley del más fuerte».
Qué dice el derecho internacional
Según el derecho internacional, la invasión de un territorio soberano por otro estado está prohibida. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, establece que el uso de la fuerza debe ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU o en defensa propia.
Sin embargo, el contexto de la OTAN y sus principios no es tan claro. Si bien el artículo 5 de su estatuto obliga a los aliados a responder en defensa de un miembro atacado (principio de defensa colectiva), no contempla escenarios en los que uno de los miembros, en este caso Estados Unidos, fuera el agresor.
Pero la historia de la OTAN estuvo marcada por desacuerdos dentro de la propia alianza. En la guerra de Afganistán, por ejemplo, Francia se negó a apoyar a EE.UU., subrayando las diferencias de criterio entre los miembros de la alianza defensiva. De manera similar, durante la intervención en Libia, varios países de la OTAN, incluyendo EE.UU., Reino Unido y Francia, se alinearon en distintos bandos locales.
Estos precedentes evidencian que la alianza, como organismo intergubernamental, carece de una autoridad legal vinculante que obligue a todos sus miembros a seguir una única línea de acción. Así, en un hipotético escenario de conflicto por Groenlandia, no está claro cómo responderían todos los aliados de la OTAN que en su mayoría también pertenecen a la Unión Europea.
El caso de Panamá
En rueda prensa este martes, a Trump se le preguntó si descartaba el uso de «coerción militar o económica» para lograr su objetivo de recuperar el control del Canal de Panamá y de la isla de Groenlandia (en este caso en desmedro de Dinamarca), a lo que respondió «no, no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones».
El canciller panameño Javier Martínez Acha expresó que «el canal de Panamá es parte de la lucha» del país por su soberanía plena y «una conquista irreversible», haciéndose eco de lo dicho por Trump, quien manifestó que «no descarta recurrir al uso de la fuerza militar» para recuperar el control de la vía interoceánica.
«Reitero lo que ya ha dicho el presidente José Raúl Mulino: la soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible», expresó Martínez-Acha durante una declaración a la prensa.
A su vez, añadió que «cuando el presidente electo (Trump) asuma el cargo», el próximo 20 de enero, «la relación de los Estados Unidos y Panamá se manejará por los canales formales, habituales y correspondientes».
Trump está ansioso por recordarle al mundo que Estados Unidos construyó el canal hace más de un siglo y revolucionó la navegación global con un costo enorme en vidas humanas. Antes de 1914, los barcos que intentaban transitar del Atlántico al Pacífico emprendían un arriesgado viaje de meses de duración alrededor de Sudamérica. Incluso las embarcaciones modernas tardan unas dos semanas en completar el viaje, mientras que cruzar el canal sólo dura entre ocho y diez horas.
Trump afirmó recientemente que 35.000 o 38.000 «hombres estadounidenses» murieron construyendo el Canal de Panamá entre 1904 y 1914. Y si bien miles de vidas se perdieron durante la construcción a causa de la malaria, la fiebre amarilla, los accidentes industriales y otros factores, las cifras de Trump no están claras.
El número oficial de muertos por el esfuerzo de construcción estadounidense es de alrededor de 5.600 personas o incluso más. Pero la abrumadora mayoría de los trabajadores era de Barbados. El número de estadounidenses que murieron durante la construcción probablemente fue de alrededor de 300, según Matthew Parker, autor del libro La Fiebre de Panamá.
Panamá a cargo del canal
Estados Unidos continuó operando el canal después de su apertura hasta que en 1977, el presidente Jimmy Carter acordó entregar gradualmente el control de la zona al Gobierno panameño. El tratado estipulaba que la vía fluvial permanecería neutral y abierta a embarcaciones de todas las naciones. Estados Unidos también mantuvo el derecho de defenderlo de cualquier amenaza.
En 1999, Estados Unidos completó su retirada de Panamá. Desde entonces, el canal ha sido administrado por el Gobierno de la Ciudad de Panamá.
Ahora, Trump acusa a «los maravillosos soldados de China» de operarlo ilegalmente. El presidente panameño, José Raúl Mulino, aseguró que «no hay soldados chinos en el canal, por el amor de Dios».
Si bien no hay indicios de presencia militar de China en el área, algunos observadores estadounidenses expresaron su preocupación por dos puertos que han sido administrados durante mucho tiempo por una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, y posibles filtraciones de datos. La cooperación de Panamá con Pekín para financiar un nuevo puente sobre el canal también ha llamado la atención en Washington.
Fuentes: Tiempo, Perfil, DW, BBC
