En una nueva audiencia de la causa “Pibes Villeros” realizada ayer, las seis testigos que se presentaron atestiguar admitieron haber firmado una nota dirigida a la Corte Suprema Justicia de la Nación para pedirle que no suelte a Milagro Sala, quien ayer llegó al recinto sin decir una palabra y fue ubicada en una sala contigua junto a su psicóloga, donde escuchó a través del sistema de sonido las declaraciones de los testigos.
Cabe destacar que antes de la finalización de la audiencia, la presidenta del Tribunal informó que los dos testigos que faltaban declarar pasaban para hoy, a las 14.30 horas, en la reanudación del proceso judicial en el que Sala, junto a otras 29 personas, está acusada de los delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública provincial y extorsión.
La audiencia se retrasó alrededor de una hora y media porque una de las imputadas Patricia «Pachila» Cabana tuvo que ser asistida por personal del Same, porque tenía una molestia estomacal.
En primer lugar, María del Carmen González contó que conocía a Milagro Sala, cuando ella quería afiliarse al Seom. Admitió que le dieron una casa, pero dijo que no poseía documentación que respaldara su posesión. Tres meses después fue echada por personas allegadas a la dirigente. “Me pusieron cuatros panes de droga”, aseguró.
Reconoció que en el 2016 se sumó a unas personas que se convirtieron en el grupo oficial de víctimas contra Milagro y firmó un petitorio para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que Sala no sea liberada.
Otra testigo, Celia Ivana Velázquez, declaró ante el Tribunal Nº3 que ella también fue desalojada de una vivienda social que Sala le había cedido, sin papeles. Dijo: “Vine a contar la verdad», y reveló que tiene miedo por lo que le pueda pasar ahora. Ella también firmó el documento solicitando que Milagro Sala no fuera liberada, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Celia Ivana Gaspar relató que trabajaba en una cooperativa de trabajo de la ciudad de Palpalá denominada “Libertad”, que cobraba unas horas de capacitación pero realizaba trabajo de limpieza en la vivienda de una de las hermanas Condorí, otras de las imputadas en la causa. Además de cuidarle el hijo y trabajar en actos políticos y movilizaciones.
Admitió haber cobrado un cheque de 50.000 pesos y ese dinero se lo entregó a una de las hermanas Condorí, que la esperaban sentadas dentro de la entidad bancaria. También figura su nombre en el petitorio dirigidos a los Supremos para que no liberen a Milagro Sala.