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Por Infonativa. Las grandes corporaciones económicas siguen accediendo a la Ayuda para el Trabajo y la Producción facilitado por el Gobierno Nacional para hacer frente al estancamiento productivo generada como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.
A través del decreto 332/20 el Gobierno Nacional dispuso la creación de un programa que le permite a las empresas acceder al pago de los salarios de sus trabajadores, al tiempo que posterga o reduce hasta el 95% los aportes patronales para las empresas que no superaran los cien trabajadores.
El decreto 376/20 modificó la estructura operativa del programa y le otorgó al Anses la responsabilidad de acreditar el salario del trabajador o la trabajadora directamente a la cuenta informada por la empresa. En esa disposición se aumentó el valor de la ayuda otorgada por el Estado Nacional hasta llegar a cubrir 33.750 pesos, la suma equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil.
Finalmente, por decisión del Gobierno, se autorizó a las grandes empresas, con una nómina de personal mayor a 800 personas, a acceder al beneficio. Al mismo tiempo, flexibilizaba las condiciones de facturación para acceder al mismo por parte de las empresas. Si bien originalmente el programa estaba diseñado para aquellas firmas excluidas de ser actividad esencial, o bien, registrar una caída de la facturación del 30%, la nueva etapa establece apenas haber registrado pérdida de un 5% de la facturación.
Una gran conquista de las cámaras empresariales, especialmente de AEA que reúne a las grandes corporaciones económicas que operan en el país, y sobre la que tienen un control histórico empresas como Clarín o Techint.
La semana pasada, el sitio El Destape, dio a conocer que Héctor Magnetto logró acceder al beneficio de la Ayuda para el Trabajo y la Producción, lo mismo Paolo Rocca de Techint.
Lo paradójico es que ambas empresas están involucradas directamente en maniobras de flexibilización de las condiciones de trabajo y salariales de sus trabajadores. Las suspensiones dispuestas por Techint apenas iniciado el aislamiento social tuvieron enorme publicidad y provocaron un decreto que prohibía despidos y suspensiones, aunque su espíritu se frustró en breve ante el acuerdo UIA y CGT que homologara el mismísimo Ministerio de Trabajo.
Clarín, por su parte, atraviesa un extendido conflicto con las trabajadoras y los trabajadores de prensa que actualmente están cobrando su salario en cuotas.
Lo mismo la empresa Ledesma, de la familia Blaquier, quien pudo acceder al beneficio a pesar de registrar enormes ganancias y flexibilizar a sus trabajadores durante toda la cuarentena.
También, tuvo relevancia que la empresa de Juliana Awada, ex primera dama de la Argentina, Cheeky, largamente denunciada por explotación infantil en el trabajo, tuvo acceso al programa que permite pagar salarios con aportes del Estados Nacional.
En una investigación de InfoNativa revelada ayer, también se logró comprobar que la firma Vicentin SAIC, acusada de una monumental estafa al Banco Nación en connivencia con su anterior presidente, Javier González Fraga, ha sido beneficiada con el programa ATP, y sus gerentes, directivos y familiares de los propietarios, incluso, han cobrado el 15 de mayo una parte de sus salarios, depositados por el ANSES.
Techint, Ledesma y Clarín son empresas monopólicas en sus respectivos sectores, han multiplicado sus ganancias durante años, y en un entrevero formidable de empresas vinculadas, han emprendido una monumental fuga de capitales que deterioran la economía nacional.
Los fondos de ayuda otorgados por el gobierno a las grandes empresas que operan en el país, coinciden en forma sistemática, con enormes presiones que sufre el Banco Central sobre la cotización del dólar. Y esto se debe a que las empresas extranjeras y las corporaciones locales, al tiempo que demandan ayuda oficial, dolarizan sus carteras y presionan para fugar la plata al exterior.
