Legisladores de Unión por la Patria exigieron la liberación de Cristina Kirchner

Senadores y diputados de Unión por la Patria brindaron una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para rechazar la prisión domiciliaria que cumple desde hace un año la exmandataria Cristina Kirchner, en el marco de la condena por la causa Vialidad. Tras la rueda de prensa, el bloque parlamentario envió una carta formal a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura para reclamar el cese inmediato de esta situación, al considerar que existe arbitrariedad y una búsqueda de proscripción política.

El presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, cuestionó con dureza las restricciones impuestas y denunció que las condiciones de detención domiciliaria aplicadas a la expresidenta son excepcionales y restrictivas en comparación con otros casos de la Justicia Federal.

Denuncia de persecución y condicionamiento político

Durante su discurso, Martínez sostuvo que la intervención del Poder Judicial en la competencia política a través de sus sentencias lesiona la vida institucional y democrática del país, impidiendo el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes. En ese sentido, hizo un llamado directo a las demás fuerzas políticas del arco democrático, advirtiendo que el silencio frente a estas medidas puede terminar afectando de manera generalizada a todo el sistema institucional de la Argentina.

Asimismo, el jefe de la bancada opositora apuntó contra el presidente de la Nación y el expresidente Mauricio Macri, acusándolos de exponer la discrecionalidad de la persecución judicial. Martínez recordó declaraciones públicas recientes de ambos dirigentes para señalar la intencionalidad política detrás del escenario procesal de la exjefa de Estado.

Datos sobre la prisión domiciliaria y reclamo social

En la argumentación del reclamo, los legisladores presentaron un informe comparativo sobre el uso de dispositivos de control en el ámbito de la Justicia Federal con competencia penal. Según los datos expuestos, de un total de 2.513 personas que se encuentran bajo el régimen de prisión domiciliaria en el país, apenas el 23,96% de los casos con información disponible utiliza tobillera electrónica, un porcentaje que desciende al 19,54% si se analiza la totalidad de los registros informados, contrastando esta flexibilización con el esquema aplicado a la expresidenta.

Finalmente, Martínez vinculó la centralidad del caso judicial con la coyuntura económica nacional, afirmando que las medidas contra la dirigencia opositora no lograrán ocultar los índices de desempleo, la caída del salario real, las dificultades en el sector de los jubilados y la retracción de la actividad en pequeñas y medianas empresas comerciales.

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