Legisladores nacionales y provinciales de Unión por la Patria (UxP) denunciaron que el gobernador Gerardo Morales «ahoga» financieramente al intendente de La Quiaca, Blas Gallardo, evitando «la transferencia de fondos» coparticipables que le corresponde al municipio puneño.
Los diputados nacionales Leila Chaher y Julio Ferreyra, junto a los legisladores provinciales Alejandro Snopek, Emanuel Palmieri y Mariela Ferreyra, repudiaron este lunes la «persecución política» del gobierno de la provincia hacia el intendente quiaqueño.
«Vemos con preocupación el claro hostigamiento hacia la gestión municipal de Blas Gallardo que se traduce en imputación de causas judiciales y ahogo financiero», denunciaron los representantes peronistas en un comunicado.
Precisaron que el Ejecutivo provincial, «adeuda la transferencia para el pago de los empleados municipales por más de 60 millones», completaron.
Argumentaron además que «en medio de la lucha salarial, que se lleva adelante en la provincia hace un mes, dejan a los trabajadores municipales sin sueldos. Ninguna casualidad».
Ante esto, expresaron una «profunda preocupación» por la situación de los empleados municipales que habitan en el extremo norte del país, al indicar que, Morales «es el único responsable de que los trabajadores y trabajadoras no cobren sus salarios».
«Estas acciones las realizan porque el Intendente Blas Gallardo apoya a las comunidades originarias de la Puna en el pedido de derogación de la reforma constitucional», aseguraron, y afirmaron que el mandatario radical «gobierna a través del miedo, del amedrentamiento y del disciplinamiento político».
Además, los legisladores de UxP señalaron que en «un claro hecho de persecución política» el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio Público de la Acusación, imputó en tres causas al Intendente.
«Esto es una muestra más del autoritarismo y persecución que ejerce el gobernador Morales contra el Intendente Blas Gallardo y sobre toda persona que piense distinto», agregaron.
Manifestaron que «La Quiaca es el único municipio que se expresó en contra de la reforma constitucional y como consecuencia la provincia solo envió la mitad de la ayuda financiera para sueldos».
También expresaron la voluntad de propiciar una reunión con el ministro de Hacienda y gobernador electo, Carlos Sadir, para abordar la situación.
«El Ejecutivo local no puede jugar con el sustento de cientos de trabajadores y trabajadoras de un municipio provincial», reclamaron.