Sergio Lello Sánchez, titular del Ministerio Público de la Acusación, aclaró que el plazo de 15 días establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Milagro Sala abandone el penal de Alto Comedero empezó a correr este jueves, que es cuando llegó la notificación oficial al Poder Judicial de la provincia, pero se excusó de definir si se trata de días corridos o hábiles. “Eso lo resolverán los jueces”, indicó.
Son Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos los magistrados que deberán decidir sobre la situación de Milagro Sala, ya que son los que están a cargo de las causas en las que la dirigente social tiene dictada la prisión preventiva. En el caso de Mercau es una preventiva, mientras que en el caso de Pullen Llermanos son dos, según precisó Lello Sánchez.
“Ellos recibieron la información por parte del Superior Tribunal de Justicia y entiendo que se va a correr vista a las partes para que emitan su opinión en relación a la recomendación de la CIDH; y luego el juez va a estar en condiciones de resolver al respecto”, detalló, y agregó: “Pero desconozco que opinión tomará”.
Sin embargo, opinó: «Desde mi punto de vista, la prisión preventiva sigue perfectamente vigente”.
Lello Sánchez coincidió con el gobernador Gerardo Morales y otros funcionarios en que, a su entender, la CIDH “es un órgano político que emite una recomendación”.
Sobre el nivel de obligatoriedad de la resolución del organismo internacional, explicó que ni siquiera la Corte Suprema tiene una jurisprudencia uniforme al respecto, y dice también que los órganos que deben interpretar las recomendaciones deben realizar el mayor esfuerzo para adaptar sus instituciones a los estándares internacionales, en este caso, plasmados a través de una recomendación”.
Consultado sobre si podría haber algún tipo de sanción si no se cumple con lo que pide la resolución de la CIDH, analizó: “En la recomendación no hay nada acerca de eso. Hay que ver qué significa recomendar, y ver la trascendencia de una recomendación de un organismo internacional. Como acabo de decir, no hay un criterio uniforme para establecer si son obligatorios”.
Se refirió también a la sugerencia de la CIDH de utilizar un dispositivo electrónico de control: “No hay muchas experiencias en el ámbito de la provincia en relación a la prisión domiciliaria. Es más, hubo un solo caso de fiscalización electrónica que lamentablemente no tuvo éxito”, repasó, en referencia a la mujer que en mayo pasado se fugó pocos días después de haber sido trasladada desde la cárcel a su casa con una pulsera electrónica.
“Eso lo tendrá que decidir el juez y ver la forma en que esto no fracase nuevamente”, agregó.