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Ecuador está sumido en un clima de tensión política y social que ha puesto a las autoridades en alerta. El presidente Lenín Moreno ha anunciado en una cadena nacional el traslado de la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil ante la inminente llegada a la capital de miles de indígenas que avanzan por las principales carreteras de la sierra andina como forma de protesta. El ambiente convulso de los últimos cinco días se intensificó a mitad de la tarde de este lunes, cuando a la espera de una conferencia de prensa del mandatario los periodistas fueron desalojados de la sede presidencial.
La rueda de prensa fue cancelada. El anuncio del traslado presidencial tuvo una simbólica escenografía con Moreno escoltado por su vicepresidente, su ministro de Defensa y toda la cúpula militar. El Ejecutivo de Ecuador defendió en su comparecencia la necesidad del ajuste económico y achacó directamente al expresidente Rafael Correa y a sus aliados por agitar a las masas sociales, que, según el jefe del Estado, actúan financiadas “con el dinero que se robaron”.
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El mandatario ecuatoriano dejó a media tarde el palacio de Carondelet pese a estar totalmente cercado por las fuerzas de seguridad. A la misma hora, comenzaban a llegar por el sur de la capital los primeros manifestantes indígenas a pie, tras una jornada de movilizaciones convulsa con bloqueos de carreteras, violentos enfrentamientos entre policías, militares e integrantes de las marchas y con saqueos y ataques a empresas y negocios. La segunda ciudad más importante del país, Guayaquil, también tomó medidas de prevención y cerró al tránsito sus puentes y puntos de acceso de forma temporal “por motivos de seguridad”. El Gobierno de Ecuador ha anunciado la suspensión de clases este martes, según ha informado el Ministerio de Educación, como también ocurrió los pasados 3 y 4 de noviembre.
Los líderes indígenas habían anunciado por la mañana que más de 20.000 manifestantes llegarían a Quito en los próximos días para presionar y forzar al presidente Lenín Moreno a que retire las medidas económicas que han provocado un alza de la gasolina por la retirada del subsidio estatal a los combustibles. «En este momento, nuestros pueblos y nacionalidades están movilizándose, avanzando a la ciudad de Quito para poder exigir y rechazar estas medidas que atropellan los bolsillos de todos los ecuatorianos», manifestó el presidente de la Confederación de Indígenas, Jaime Vargas, mientras un incesante y acalorado reguero de personas inundaba las carreteras del norte del país. En la misma comparecencia, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Nelson Erazo, criticó las declaraciones del domingo del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, en las que advertía a los manifestantes de no desafiar ni provocar a las fuerzas armadas. “Ha declarado la guerra al pueblo», calificó el sindicalista, asegurando que la movilización no parará hasta que el Gobierno rectifique. Para este miércoles convocaron una huelga nacional.
El secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, cuestionó también la virulencia de las movilizaciones. “Los hermanos indígenas nunca han saqueado, en la sierra Centro nunca hemos visto imágenes como las que acabamos de ver: plantas siendo saqueadas, personas con palos impidiendo a otros trabajar, amenazándoles, destruyendo sus camiones… Eso no es protesta social», reprochó, tras afirmar que hay instigadores infiltrados y de relacionarlos con simpatizantes con el expresidente Correa.
El Ministerio de Energía anunció, además, que este lunes se había suspendido la operación en tres campos petroleros de la zona amazónica “debido a la toma de las instalaciones por grupos de personas ajenas a la operación», aseguró un comunicado. Aunque no hay personal petrolero retenido, la cartera de Estado solicitó «al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que se incremente la protección en las instalaciones para salvaguardar los recursos del Estado ecuatoriano». Los militares, por su lado, auxiliaron a 50 de sus integrantes que llevaban retenidos desde el sábado. Fueron liberados en términos amistosos por los indígenas que les interceptaron inicialmente.
Ante la situación, los consulados de España en Ecuador han recomendado a los españoles evitar las zonas de protesta, como el centro histórico de Quito, viajar a las provincias de la sierra de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Santo Domingo e Imbabura y, en caso de encontrarse ya en ellas, cualquier desplazamiento interno “ya sea a pie o por carretera”.
Así comenzaba la semana en el país latinoamericano, tras cuatro días agitados desde que el Gobierno de Lenín Moreno anunciara un paquete de ajustes con el que busca corregir la estrechez fiscal que la economía arrastra desde hace años. La retirada del subsidio estatal a las gasolinas le ahorrará al Estado 1.400 millones de dólares, según cálculos oficiales. Los transportistas fueron los protagonistas de las protestas los dos primeros días al convocar un paro nacional que derivó en fuertes choques entre ciudadanos y fuerzas de seguridad y justificó la declaratoria del estado de excepción en toda la nación. Se restringió el derecho de reunión, se desplegó a los militares por las principales ciudades y carreteras y se detuvo a medio millar de personas, líderes gremiales incluidos.
El jefe de Estado ecuatoriano y sus ministros más cercanos han comparecido constantemente en los últimos cinco días para informar sobre sus decisiones, pero también para hacer llamados a la calma y abrir una ventana al diálogo con los dirigentes de las protestas que conduzca al fin de los conflictos. Esa apertura, no obstante, no ha contemplado en ningún momento la retirada de la reforma económica que originó el malestar colectivo. “Está en firme”, ha ratificado el presidente.
Tras suspenderse el paro de transportistas, las organizaciones sociales y la Confederación de Indígenas tomaron la posta de la convocatoria y elevaron el tono. El Ejecutivo respondió a las multitudinarias concentraciones con palos y piedras con el despliegue de vehículos antimotines, policía montada y gases lacrimógenos. Los cinco días de conflicto social han estado aderezados por una fuerte campaña de desinformación con falsos comunicados oficiales que el Gobierno ha ido desmintiendo para evitar alimentar más el estado de alarma nacional.
El País
