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Los abogados representantes de las querellas en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy, solicitaron en sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal N° 1 que a los seis represores que están siendo juzgados se les amplíe la acusación por el delito de violencia sexual, en el marco de la Ley de Violencia de Género, además de los de homicidio doblemente calificado, privación ilegítima de la libertad, agravada por la fuerza y violencia y tormentos por los que están siendo juzgados.
El pedido fue realizado por los letrados Paloma Álvarez Carreras y Ariel Ruarte, representantes de las familias de las víctimas Osvaldo Giribaldi y Juana Torres Cabrera. Ruarte explicó que el pedido de ampliación se fundamenta en que el de «violencia sexual» es un delito que «tiene que ver con la condición de género». Según el letrado, el plan represivo buscaba trasmitir el mensaje «de que la mujer debía estar en su casa» y pretendía «transformarla de sujeto revolucionario a un sujeto disciplinado».
Los profesionales argumentaron el pedido sobre la base de los testimonios de las presas políticas que fueron secuestradas y alojadas en el pabellón cuatro del penal de Gorriti, donde funcionó el mayor Centro Clandestino de Detención de Jujuy, como Soledad López y Mercedes Salazar, además de las declaraciones de exdetenidas que relataron ante el tribunal que Dominga Álvarez de Scurta padeció durante su detención sesiones de tortura en las que le aplicaban picana en en su vagina.
En este segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad se juzga a los responsables del padecimiento y destino de los detenidos desaparecidos Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.
Todos fueron detenidos ilegalmente los últimos días de mayo de 1976 y sacados del penal el 10 de junio del mismo año por el comisario Ernesto Jaig y por el imputado César Díaz, sin que se supiera de ellos hasta la fecha, con excepción de Alvarez de Scurta, cuyo cuerpo fue enterrado como NN en el cementerio de Yala y exhumado el 5 de enero de 1984.
Los imputados son Antonio Orlando Vargas, ya condenado a 25 años de prisión en el primer juicio, el exsuboficial César Darío Díaz y cuatro exguardiacárceles: Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, todos detenidos en la unidad penal federal de Jujuy, al igual que Díaz.
Señalamiento
Por otra parte, Ruarte solicitó que en la entrada principal del RIM20, asiento del Área 323, se coloque un cartel que señale que esa fue «la base intelectual de la acción genocida en Jujuy», y que en la sala de los directores del Penal de Gorriti se identifique la fotografía de Carlos Ortiz con la leyenda «genocida».
