La Cámara de Diputados inicia este miércoles un debate crucial para el esquema económico que proyecta el Ejecutivo Nacional. A partir de las 10, las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales tratarán la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca flexibilizar las restricciones actuales para destrabar inversiones millonarias.
El apuro oficialista tiene una razón de calendario: el presidente Javier Milei encabezará la comitiva del “Argentina Week 2026” en Nueva York del 9 al 12 de marzo. El objetivo es presentar la reforma como una garantía de «reglas claras» para los capitales internacionales interesados en la megaminería y la explotación de hidrocarburos en zonas cordilleranas.
Los puntos centrales de la reforma
El proyecto modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos, con el fin de redefinir el alcance de las zonas protegidas. Los ejes principales son:
- Fin de la prohibición automática: Se busca permitir actividades económicas en áreas periglaciares que hoy están «blindadas», siempre que cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada.
- Autonomía provincial: La iniciativa transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger, reduciendo el control directo del Gobierno central.
- Función hídrica: La protección se mantendrá estrictamente en glaciares visibles, pero se abriría la puerta a proyectos en áreas que no tengan una «función hídrica fehaciente».
- Nuevo Inventario: Se ratifica al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) para la confección del Inventario Nacional de Glaciares, pero bajo la coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
Tensión política y ambiental
El camino hacia la sanción definitiva no será sencillo. El pasado 26 de febrero, el Senado aprobó el proyecto con 40 votos a favor y 31 en contra. La votación mostró fisuras en el bloque peronista, donde senadores de provincias mineras como Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca) votaron a favor, alineándose con las necesidades de sus distritos.
Por otro lado, bloques de la oposición y organizaciones ambientalistas denuncian que la reforma pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce. Advierten que al debilitar la protección del área periglacial (suelos congelados con roca y sedimentos), se afecta el equilibrio climático y el consumo humano en favor de la actividad extractivista.
Actualmente, la ley solo permite en estas zonas investigaciones científicas, rescates y deportes no motorizados. De prosperar el cambio, la cordillera argentina entraría en una nueva etapa de explotación industrial.
