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La reforma de la Ley de Glaciares obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados, marcando un triunfo institucional para el Gobierno nacional. Sin embargo, el éxito legislativo contrasta con un escenario adverso en la opinión pública digital: el rechazo alcanzó el 67,5% de las menciones, según un informe de la consultora Enter Comunicación.
El relevamiento analizó el debate entre el 1 y el 9 de abril, registrando más de 41.000 menciones generadas por cerca de 24.000 usuarios. A pesar del resultado político, el oficialismo no logró instalar una narrativa favorable en el ecosistema digital, donde la conversación fue dominada por críticas al impacto ambiental.
Una conversación dominada por el rechazo
El informe detalla que solo el 31,4% de las publicaciones tuvo un tono positivo. El eje central de la negatividad fue el factor ambiental (56,5%), con preocupaciones enfocadas en el daño a las reservas de agua y el equilibrio ecológico.
Otros puntos críticos que ganaron volumen en las redes fueron la categoría de “traición” (22,8%), dirigida a gobernadores y dirigentes que apoyaron la norma, seguida por cuestionamientos de “inconstitucionalidad” (10,7%) y la supuesta “entrega de recursos” naturales (10%).
Dificultades para instalar el discurso productivo
El análisis muestra que el oficialismo quedó en una posición reactiva. Solo el 14% de las menciones se alineó con el discurso gubernamental, mientras que el 38% del volumen de conversación fue liderado por la oposición y sectores ambientalistas.
Un dato relevante es que el argumento del desarrollo minero y económico —eje central del proyecto oficial— apenas apareció en el 8% de las publicaciones. Los mensajes de apoyo se dispersaron entre conceptos como federalismo, empleo y soberanía frente a injerencias externas, sin lograr revertir el clima crítico predominante.
El peso de las organizaciones ambientales
El informe resalta el papel de organizaciones como Greenpeace, que funcionaron como grandes amplificadores del conflicto. Solo esta ONG concentró el 14% de la conversación total, alcanzando a casi 4 millones de usuarios.
Esta capacidad de movilización digital posicionó a los sectores ambientalistas como los actores más influyentes del debate, logrando que el reclamo por la protección de los recursos naturales superara en visibilidad a los argumentos técnicos y económicos del Gobierno.
