La Cámara de Diputados reanuda la sesión especial este martes a las 14 para seguir con el debate en particular del proyecto de ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue aprobada en general el viernes pasado.
Cabe resaltar persisten serias diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores “amigables” sobre facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y privatizaciones de empresas públicas.
En las últimas horas, los legisladores anticiparon que, si bien «el martes comenzará el tratamiento» del proyecto, el trámite «va a ser largo» y «puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también», ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.
La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta hoy a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.
De acuerdo con las fuentes, la intención de algunos diputados es iniciar la sesión el martes a las 14 -presidida por Martín Menem-, pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche y retomar el miércoles para repetir esa estrategia, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.
Los bloques “amigables” esperaban respuesta a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos, y no descartaban que hoy pueda haber nuevos contactos para buscar un consenso entre la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
A lo largo de toda la jornada, la UCR mantuvo una reunión de bloque por Zoom donde quedaron en aguardar algunas respuestas del Gobierno y también se reunieron los diputados de Hacemos, que hoy volverán a tener un nuevo encuentro a las 11 para analizar la marcha de las conversaciones con el oficialismo, señalaron fuentes parlamentarias.
El oficialismo necesita alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen, ya que si una veintena de esos legisladores votan en contra y sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa pueden caer artículos promovidos por el Gobierno nacional.
Los bloques de la oposición llamada «dialoguista» están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
En cambio, una decena de diputados no quieren votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.
Los legisladores que no quieren votar facultades delegadas son cuatro de Córdoba, los 6 de la Coalición Cívica, con lo cual sumados a los 109 que rechazaron la ley Bases y están dispuestos a votar en contra de todos los artículos, el oficialismo tiene los votos muy justos para imponer su postura, reconocieron fuentes parlamentarias.
Uno de los puntos donde hay más acuerdo es en el capítulo de privatizaciones de empresas públicas, aunque aún faltan pulir algunos artículos sobre el control de esos procesos de venta de esas compañías y la evaluación patrimonial de las mismas.
Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoelectrica y de Arsat donde se proponen ventas parciales, y piden que un organismo independiente haga su tasación y tenga un rol importante la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedarían sujetas a privatización.
Otro punto que no hay acuerdo es en la propuesta del Gobierno sobre endeudamiento ya que propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual un futuro endeudamiento debe pasar por el Congreso; en cambio, sí se podría votar la reforma del artículo 65 de la ley de Administrativa referida a la nueva emisión para renovar la deuda (roll over).
Uno de los reclamos de las provincias era coparticipar el impuesto PAIS, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, pero la idea fue rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.
Los legisladores “amigables” aceptan diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, pero insisten en que el Gobierno asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.
Por su parte, el presidente del bloque de la LLA, Oscar Zago, dijo que «no vamos a dejar presionarnos con el impuesto PAÍS. Se trata de sentarnos por ese impuesto, el impuesto a las ganancias y todo lo que quedó afuera y decir ‘bueno muchachos, por algún lado hay que ir'», apuntó.
El diputado agregó que «hay temas fiscales que quedaron afuera» del proyecto de ley ‘Bases’ que a partir del 1 de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias, se abordarán «ley por ley».
Además, los diputados radicales no quieren darle algunas facultades al ministerio de Seguridad luego de los serios incidentes de la semana pasada y piden cambios para limitar las penas sobre organización y participación en movilizaciones propuestas por el oficialismo al considerar que son «desproporcionadas».
También piden cambios en los artículos referidos a la Legítima Defensa y Resistencia a la Autoridad, informaron fuentes parlamentarias.