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El procurador del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Bossatti, confirmó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que desde el pasado 5 de septiembre se encuentra en vigencia y en proceso de aplicación la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en la provincia.
Durante la entrevista, el funcionario detalló cómo se están articulando las distintas áreas del Estado, la situación de la infraestructura local y el enfoque de «justicia restaurativa» que predominará en el tratamiento de los menores en conflicto con la ley.
Frente a las dudas sobre la disponibilidad de fondos para la puesta en marcha de la normativa, Bossatti señaló no estar al tanto de si Nación remitió las partidas correspondientes.
No obstante, remarcó que las instituciones provinciales ya vienen trabajando de manera integrada: «Tanto el MPA como el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa hemos mantenido reuniones entre nosotros, y con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad, a los fines de coordinar tareas y evaluar las necesidades de infraestructura y móviles», explicó.
Precisó que se están acondicionando espacios y capacitando al personal para la atención de los jóvenes. En cuanto a las obras físicas, indicó que las conversaciones con el Ministerio de Seguridad dan cuenta de un avance significativo: «Están ya muy avanzados con uno de los lugares y con el otro están comenzando».
Justicia restaurativa sobre la privación de libertad
Bossatti fue enfático al aclarar cuál será el espíritu del abordaje judicial y estatal en la provincia: «La primera aclaración es que no vamos a abordar esta problemática bajo la premisa de que todos los jóvenes en esta situación tengan que ser privados de la libertad o sometidos al encierro. Hay que aplicar mucho la justicia restaurativa, involucrando a la familia y a los estamentos del Estado para acompañar y evitar la reincidencia, sin olvidar nunca a las víctimas».
El procurador sostuvo que Jujuy cuenta con una ventaja estructural previa respecto a otros distritos, al disponer ya de fiscales y juzgados especializados en niños, niñas y adolescentes.
Respecto a la cantidad de menores en situación de encierro o apartamiento, detalló la evolución de las cifras en los últimos años: Entre 2024 y 2025 se registraron 9 jóvenes en dicha situación, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 4 casos.
El funcionario estimó que se prevé sumar un tercio más, aunque consideró que el incremento de hechos graves, que son los que ameritan medidas cautelares de encierro según el criterio de los jueces, no será exponencial.
Delitos, edades y atenuantes
Al ser consultado sobre el alcance de la ley a partir de los 14 años y las comparaciones con otras jurisdicciones sobre la tipificación de conductas menores (como rotura de cristales o peleas escolares), Bossatti aclaró que la normativa no crea nuevos tipos penales: «Los delitos son los mismos que están en el Código Penal. Si un chico de 14 años rompe un vidrio a propósito, comete el delito de daño, pero no se lo va a someter al mismo proceso que a un adulto ni a meterlo preso. Queda sometido a un proceso bajo la premisa de la justicia restaurativa, con la participación de psicólogos, trabajadores sociales y la anuencia de la víctima para reparar el daño».
Finalmente, sobre las situaciones donde adolescentes son captados por redes de narcotráfico o utilizados para el narcomenudeo, el representante del MPA explicó que cada causa requiere una investigación integral de la participación e instigación de terceros: «El fiscal investigará las razones, si hubo instigación y las circunstancias atenuantes o agravantes que el código prevé para graduar la pena. No se sale a meter preso a todos los chicos; hay que analizar cada caso en particular», concluyó.
