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Cuatro dirigentes de la UTA-Jujuy fueron liberados anoche, tras haber sido imputados en una causa penal en el Centro Judicial de San Pedro. «Fue una acción gremial». Fuentes de la justicia afirman que estaban «en desobeciencia judicial» porque «se rehúsaron en comparecer».
Los secretarios general y gremial de la UTA Jujuy, Sergio Lobo y Nicolás Abett, recuperaron la libertad, junto el secretario gremial Marcelo Moyano y el prosecretario Horacio Sánchez.
La causa judicial se inició en el marco de una medida de fuerza llevada adelante en San Pedro de Jujuy el 3 de abril pasado, cuando trabajadores de la empresa de transporte “Argentina” reclamaron el pago de deudas salariales y de otros conceptos que no se les pagaban desde enero.
Los cuatro sindicalistas están acusados de instigar a trabajadores de esa empresa para impedir la libre circulación. La acusación sería por «entorpecimiento de transportes y servicios art. 194 y compulsión al lockout», cuando realizaban acciones gremiales.
Ya en la calle, Lobo, quien además pertenece a la conducción colegiada de la CGT-Jujuy, agradeció el apoyo y la solidaridad recibida durante las horas en que estuvo demorado. «Hace rato venimos viendo que se quiere coartar la libertad de expresión, la libertad de reclamar por los salarios de los trabajadores”.
Posteriormente, denunció que con la detención y el encausamiento «coartan la libertad gremial. Nos prohíben acercarnos al predio de la empresa a realizar algún reclamo», con lo que «dejan a la deriva» a los trabajadores de esa firma. «Eso nos cuesta asimilar», lamentó.
La información oficial
El fiscal José Alfredo Blanco, en declaraciones a medios locales, precisó que la causa se inició a partir de la protesta que llevaron adelante el 3 de abril pasado «un grupo encabezado por los señores Marcelo Moyano, Horacio Sánchez, Sergio Lobo y Nicolás Abett» en el predio de la empresa argentina, en San Pedro de Jujuy.
«Alrededor de 30 personas bloquearon el acceso, impidiendo la salida y el funcionamiento habitual del transporte de pasajeros. Además de obstaculizar la operación de la empresa, los manifestantes obligaron a los empleados y conductores a no realizar sus tareas y mantener cerradas las instalaciones», describió el funcionario.
Blanco remarcó que «este acto de fuerza afectó a la comunidad local, incluyendo a alumnos, docentes, personal de seguridad y de salud, quienes dependen del transporte público para desplazarse y cumplir con sus responsabilidades diarias».
Detalló que los imputados «enfrentan cargos conforme al artículo 158 del Código Penal por compulsión al lockout, así como al artículo 194 por entorpecimiento de los servicios de transporte» y que «se les acusa también de cometer delitos en concurso real, en calidad de coautores, según lo establecido en los artículos 158, 194 y 55 del Código Penal».
