En un fallo que genera alarma social, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo le dio un fuerte respaldo a la política represiva del Gobierno de ultraderecha de Javier Milei. Los camaristas revocaron la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, dejando el camino despejado para que las fuerzas federales sigan controlando la calle bajo la lógica del ajuste.
El fallo de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ignora la advertencia previa del juez Martín Cormick, quien había señalado que la ministra se arrogó facultades del Congreso para limitar derechos constitucionales. Para la Cámara, el protocolo es una «limitación legítima» y priorizaron el derecho a la libre circulación por sobre el derecho a la protesta.
Los números que la Justicia no mira:
Mientras los jueces hablan de «prevención de delitos», los datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) muestran una realidad sangrienta desde que asumió Milei:
- 2.585 heridos en operativos de seguridad.
- 258 detenidos en el marco de protestas sociales.
- Casos extremos: Desde jubilados golpeados hasta el gas lacrimógeno contra una nena de 11 años.
Camino a la Corte
La decisión no quedará firme. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya anunció que apelará ante la Corte Suprema de Justicia. El argumento oficialista, ahora defendido por la sucesora de Bullrich, Alejandra Monteoliva, sostiene que es solo una «instrucción» a las fuerzas, pero la práctica demuestra que el protocolo es el paraguas legal para el uso desproporcionado de la fuerza.
El mismo día del fallo, la justicia porteña confirmó el procesamiento de un efectivo de la Federal por golpear a una jubilada, dejando en claro que, aunque la Cámara lo avale, la violencia en la calle no tiene nada de «reglamentaria».
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