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Primero fue el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria y ahora, a la ley de financiamiento universitario. La Libertad Avanza, junto a diputados amigables y colaboracionistas, consiguió este miércoles blindar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados.
La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 160 votos positivos, 84 negativos y 5 abstenciones.
Con protestas en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió en menos de un mes (el pasado 11 de septiembre se ratificó el veto sobre jubilaciones) reunir nuevamente un tercio de legisladores que permitan sostener la decisión presidencial. En ese momento fueron 87, a los que el presidente Javier Milei calificó de “héroes”.
A La Libertad Avanza lo acompañaron este miércoles sus amigos del Pro -excepto dos-, el MID, Independencia, CREO y cuatro diputados de la UCR.
En tanto, Unión por la Patria, una mayoría de la UCR, Encuentro Federal, un sector de Innovación Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz -dividido-, Producción y Trabajo, Movimiento Popular Neuquino y la ex libertaria Lourdes Arrieta.
Con un reclamo universitario que se arrastra desde el comienzo del año, a raíz de las partidas presupuestarias desactualizadas, el tema unió a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado.
La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Asimismo, encomendaba al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante dicho periodo”.
Según los argumentos del Gobierno, el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. “No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, lanzó el PEN.
A contrarreloj, y ante el pedido de sus aliados del Pro, el Gobierno avanzó estos últimos días en anuncios sobre mejora salarial para el personal universitario. Primero comunicó que, “pese al rechazo gremial”, otorgará un aumento del 6,8%. Luego, informó que actualizará la garantía salarial docente a abril 2024.
