Este pedido de «nulidad» se suma al ya presentado de «cese» de detención, sobre el cual el juez Mercau todavía no dictó ninguna resolución.
Con independencia de lo que sugiera la fiscal Liliana de Montiel, Mercau puede hacer lugar a este último pedido y liberar de inmediato a Sala, quien esperaría de ese modo el curso de la causa en libertad. En tal caso, el juez ya no podrá volver a arrestarla, a menos que pida el desafuero ante el Parlasur.
La líder de la Tupac está detenida desde el sábado 16 de enero, acusada de fraude al Estado, de integrar una asociación ilícita y de extorsión. Permanece detenida en la cárcel de mujeres de Alto Comedero.
El pedido de nulidad de la detención de Sala se basa en la ley nacional 27 120, que establece que los parlamentarios gozan de las mismas inmunidades que los legisladores nacionales, que gozan de la inmunidad de opinión y de arresto, tal como lo establece el texto constitucional.
Esta normativa se basa en tratados internacionales de integración suscriptos por la Argentina, resoluciones del Consejo del Mercado Común (CMC) y disposiciones del Grupo de Mercado Común (GMC) y los distintos subgrupos de trabajo.
“La inmunidad de arresto de los parlamentarios del Parlasur es un privilegio con fundamento convencional, supralegal y legal que tiene como finalidad asegurar la independencia del Parlamento del Mercosur, como así también garantizar la función que desempeñan sus parlamentarios”, advierten los letrados.
En los fundamentos, señalan que “el Código Procesal Penal establece en su Art. 32 que ante la existencia de una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un funcionario sujeto a desafuero, el Tribunal podrá llevar adelante todos los actos del proceso a excepción de aquellos que impliquen la detención o prisión”.
Afirman más adelante que “la detención ordenada el 26 de enero pasada en contra de Milagro Sala, y que se hizo efectiva el mismo día, por orden del magistrado, resulta violatoria a los privilegios funcionales establecidos legal –Ley 27.210- y convencionalmente por el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur y el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur, para el funcionamiento del Parlamento del Mercosur, por lo que deviene ilegal, ilegitima e inconstitucional”.