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La jueza de la Corte jujeña Laura Lamas intercedió para silenciar a una mujer que había denunciado a un sacerdote por violación. La maniobra extorsiva fue planeada entre el acusado y la magistrada, con participación del propio obispo de Jujuy.
El jueves pasado, en el programa Telenueve Denuncia, el periodista Tomás Méndez mostró una serie de chats entre Laura Lamas, vocal de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, y el propio imputado, el sacerdote Luis Bruno, donde también aparece involucrado el obispo de Jujuy, César Fernández.
Los chats fueron extraídos del celular del sacerdote que fue confiscado en abril último cuando fue detenido.
De manera explícita, los intercambios revelan la intención de ofrecerle a la víctima, a través de su abogado Andrés Puig, un pago de 10 mil dólares a cambio de que retire la denuncia contra el cura. En los chats se menciona que el dinero sería gestionado por el obispo.
Incluso en una de las conversaciones la jueza le adelanta al sacerdote que el obispo Fernández iba a reunirse con la víctima.
Según se aprecia en las capturas de los chats, estas conversaciones ocurrieron entre febrero y marzo de este año, cuando ya se había iniciado la investigación y el cura Bruno aún estaba en libertad. Su detención ocurrió el 11 de abril, a partir de la orden de la jueza especializada en violencia de género Noelia Cruz, quien le dictó prisión preventiva por 40 días. Esta línea de tiempo sugiere que el intento de extorsión no se concretó.
Actualmente, Bruno permanece privado de su libertad con prisión domiciliaria en su casa de Lozano. Pobladores de esa localidad están juntando firmas para pedir que el sacerdote Luis Bruno sea trasladado. Además, van a manifestarse este lunes por la mañana, a las 9.30 horas, en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, para visibilizar su repudio a tener de vecino a un religioso imputado por violación.
En uno de los chats, Lamas le comenta a «Luis» que habló con «el zorro», de quien dice: «Un caballero cuando le dije que su causa la resolvía conforme a su planteo. Que había que pagar y que con ello la mujer se iba a quedar tranquila». En otro, dice que «eran 6000 dólares al principio, según Monseñor», y se pregunta «qué pasó en el medio?».
El desprecio hacia la víctima
Además de la maniobra extorsiva planeada entre la jueza y el cura imputado de violación, los chats revelados muestran un tratamiento infame hacia la víctima, a quien se refieren como «zorra», «sinvergüenza», «vividora» y «stronza».
En una de las capturas se lee un mensaje de Lamas que dice «No va a ser fácil para cualquier abogado representar a una loca así, con el Obispo de por medio».
Sin reacciones
El Colegio de Magistrados de Jujuy aún no se pronunció sobre el escándalo que involucra a la jueza Laura Lamas, mientras que el Colegio de Abogados convocó a una reunión para este lunes en la que «van a conversar» sobre el tema.
La Suprema Corte de Justicia está integrada por Ekel Meyer (presidente), Sergio Marcelo Jenefes (vicepresidente), María Silvia Bernal, Federico Francisco Otaola, Laura Nilda Lamas González, Mariano Gabriel Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Llamas.
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Denuncia y detención
El 11 de abril pasado, el sacerdote Atilio Bruno, conocido como padre Luis, fue detenido en su casa de Lozano por orden de la jueza especializada en Violencia de Género Noelia Cruz, acusado de los delitos de «abuso sexual con acceso carnal» y «abuso sexual simple», ambos agravados por ser miembro de un culto religioso.
De acuerdo a información difundida en su momento por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), «los hechos habrían ocurrido entre octubre y noviembre de 2023, en contextos donde la víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad y bajo el cuidado del imputado, quien se presentaba como una figura religiosa».
La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por una mujer chilena, quien dijo que fue abusada por el cura por primera vez dos años antes en Mendoza y que los ataques continuaron en la Parroquia Nuestra Señora de Nieva, del barrio Ciudad de Nieva de San Salvador de Jujuy. Bruno había alojado allí a la mujer junto a sus hijos, supuestamente para ayudarla por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin dinero ni documentación, ella se vio impedida de salir de esa situación y regresar a su país, hasta que un hermano suyo logró contratar al abogado Andrés Puig, que es quien la representa hoy como querellante en la causa judicial.
La fiscal especializada en violencia de género María Curten Haquim fundamentó el pedido de detención en las declaraciones de la víctima, informes psicológicos, evidencias digitales, antecedentes y otros elementos recolectados durante la etapa investigativa.
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