A partir de la difusión de chats entre la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy Laura Lamas y el sacerdote Luis Bruno, imputado por abuso sexual y detenido desde abril con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral, desde distintos ámbitos vinculados a la actividad judicial se debate qué debería ocurrir, tanto con la magistrada aparentemente implicada en un caso de tráfico de influencias como con la propia filtración de esas conversaciones.
A nivel institucional, todavía no hubo ningún comentario oficial desde ninguno de los tres poderes del Estado.
El Colegio de Abogados de Jujuy discutió el tema este lunes en su reunión semanal. «Estuvo sobre la mesa porque es muy preocupante. Si fuera cierto, es muy grave», comentó el presidente del Colegio, Ramiro Tizón, en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
Si bien desde la institución no emitieron ningún comunicado oficial, Tizón señaló: «Nosotros entendemos los fiscales tienen que investigar el hecho de fondo. Nos preocupa muchísimo la denuncia sobre alguna eventual gestión o participación de una magistrada en todo esto».
«Seguramente en el Ministerio Público de la Acusación se está haciendo la investigación, y nosotros vamos a seguirla de cerca», agregó.
Tizón expresó también preocupación por la filtración de los chats extraidos del celular que se le incautó al sacerdote. «Son datos sensibles que no están abiertas para consulta de cualquier ciudadano».
«Tendrían que empezar a funcionar los mecanismos constitucionales. Habrá que hacer una denuncia, cuando se conozca la certeza de que son reales esos chats», indicó.
-¿Qué tendría que hacer en este caso la jueza?
-En primer lugar, si es que eso es real, es muy grave. Y si no lo es, lo que tiene que hacer es desconocerlo y hacer saber que no es real. Siempre hay una presunción de inocencia, pero el silencio no ayuda, tratándose de un funcionario público con esas responsabilidades.
Chalabe: «El hecho es grave en dos sentidos, por ventilar una causa privada y favores judiciales por otro»
Por su parte, Alicia Chalabe, que integra la Asociación de Abogados de Jujuy, consideró que el hecho es «grave en dos sentidos». Por un lado, la filtración de las conversaciones, porque, explicó, en las causas por delitos contra la integridad sexual es obligación mantener reservada toda la información contenida en los expedientes.
Por otro lado, más allá de las circunstancias en que se dieron a conocer los chats entre la jueza Lamas y el sacerdote Bruno, que deberán ser investigadas, Chalabe remarcó que «si estos chats son reales» se estaría en presencia de un delito, «un pedido de favores de una jueza del máximo órgano judicial», lo que sería «causal de juicio político».
Este lunes, vecinos de Lozano le hicieron llegar a la fiscal que lleva la investigación de la denuncia contra Bruno, una nota en la que le piden que el sacerdote sea trasladado de la vivienda en la que cumple arresto domiciliario, porque se sienten desprotegidos y con temor por su presencia.
La abogada Mariana Vargas acompañó el pedido. En diálogo con El Submarino Radio, describió la situación como «de alarma y peligro para la comunidad, porque se trata de una persona acusada de abuso sexual».
«Es un barrio rural, sin cercos ni medianeras. Los vecinos se cruzan por los espacios. Y esto cambió toda la dinámica y la cotidianidad de la familia, porque ya no se animan obviamente a que las niñas anden por ahí, que vayan solas a algún lugar», detalló.
Sobre la cuestión de los chats entre la jueza y el cura, Vargas coincidió con la necesidad de que se investigue si efectivamente existió un tráfico de influencias.
Por otra parte, respecto de Lamas, opinó: «A mí personalmente me da muchísima pena, porque la verdad es que es una de las juezas que tiene perspectiva de género cuando dicta una sentencia. Hemos tenido muchos juicios donde ha sido su voto solito en minoría sosteniendo cosas que otros no».
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