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Luego de conocerse la información que el gobierno de Jujuy practicará una cesárea para terminar con el embarazo que transita una niña de 12 años violada por un vecino en la ciudad de San Pedro de Jujuy, un grupo de colectivo feministas denunció que la cesárea no es interrupción legal del embarazo (ILE).
En jornadas pasadas, hubo movilización y convocatoria de las organizaciones de mujeres ante varios días de dilación en la aplicación del ILE en el caso de la niña violada y embarazada.
Afirman que “el gobernador Gerardo Morales no cumple con los métodos recomendados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y reconocidos profesionales nacionales e internacionales como la doctora Stella Maris Manzano, más allá que dio la orden de garantizar la ILE en base al fallo FAL de la Corte Suprema y el artículo 86 del Código Penal Argentino, mediante una cesárea”.
Entre los colectivos feministas, el Plenario de Trabajadoras de Jujuy, denuncian que “realizarle una cesárea a una niña de 12 años, es al menos tortura y violencia obstétrica, pero también podría ser un intento de no usar la ILE”. El jefe de maternidad del Hospital Materno Infantil, Gustavo Briones se pronunció como objetor de consciencia oponiéndose ilegalmente a la realización de la ILE a la niña violada.
“Reivindicamos la movilización del día de ayer por parte del movimiento de mujeres junto a otros sectores, donde la manifestación de un centenar de personas pudo exigir que se aplique la ILE enfrentando al aparato anti derecho de las iglesias católica y Evangélica, cuyos representantes como la Diputada Nacional Gabriela Burgos se hicieron presentes para amedrentar y quebrar a la familia de la niña e inducirlos a que desistan de la decisión de terminar con el embarazo”.
Convocatoria
“Para respetar los derechos de la niña violada y llamamos a reforzar la movilización concentrando este jueves a las 10.00 horas, en la maternidad para seguir exigiendo que se garantice de inmediato la ILE con los métodos adecuados y recomendados. No podemos permitir que la niña y su familia sigan siendo víctimas de un Estado e instituciones clericales que buscan negarle sus derechos, bajo los criterios religiosos oscurantistas, anticientíficos y bárbaros.
