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Los colegios de Abogados y Magistrados no toman posición frente al 18F

La prudencia invadió los sectores tradicionales jujeños vinculados con la justicia. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el de Abogados decidieron no tomar posición frente a la marcha de esta tarde convocada por un grupo de fiscales en al cumplirse un año de la muerte de Alberto Nisman y que cuenta con la adhesión de casi todos los sectores políticos opositores. Daniel Alsina, titular del primero, dijo a El Submarino que, a su entender, se trata de una “manifestación popular” de homenaje a Nisman, mientras que Luis Canedi, presidente del segundo, negó que exista una crisis institucional y afirmó que “no es la manera”.

Alsina explicó que desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios coinciden con la postura de la Federación Argentina de la Magistratura, a la que pertenecemos, que dejó a cada organización provincial en libertad de acción de decidir qué es lo más prudente, y en ese sentido eligieron el mismo camino: “Hemos decidido dejar en libertad de acción a nuestros asociados, en cuanto sea un simple homenaje”, señaló.

“Vivir en democracia es privilegiar la libertad, y toda sociedad debe perseguir esto”, sentenció Alsina, quien calificó de “manifestación popular” la marcha convocada para esta tarde: “Desde este punto de vista, me parece bienvenida cualquier manifestación popular homenajeando a un fiscal que murió justo cuando iba a hacer una denuncia”, precisó.

“Entiendo que esto excede la convocación de cuatro fiscales”, aseguró, y opinó que la marcha es “apolítica y de interés de toda la sociedad, porque el país pretende que se esclarezca y es un derecho fundamental saber que ocurrió”. Para Alsina, “los fiscales no marchan para pedir justicia sino en homenaje a quien fue su par, que dedicó años a esta cuestión y apareció muerto”. 

“Es una manifestación política porque es del pueblo; otra cosa es la política partidaria. Es una manifestación del pueblo por el interés de la cosa pública”, aseveró.

Para el abogado, “está en juego la república y los hechos trascienden a quienes convocaron a la marcha”. Admite que el tema “está politizado”, aunque aclaró: “Una manifestación social es un acto político, pero cuando interviene la política partidaria es otra cosa; yo prefiero pensar que lo único que se busca es homenajear y preservar los principios de la búsqueda de la verdad”.

Respecto de su propia participación de la movida, que en Jujuy fue convocada de manera explícita por la Unión Cívica Radical, señaló: “Yo estoy pensando si voy a participar; no porque crea que no es auténtica, pero la verdad es que todavía no lo decidí”.

Consultado sobre la postura de otros estamentos del Poder Judicial de la provincia, indicó: “El Superior Tribunal de Justicia tengo entendido que no se ha manifestado, pero el representante del Ministerio Público Fiscal dejó en libertad de acción a sus miembros para que, conforme a su conciencia, marchen o no”.

“Mi función no es jugar de un lado o de otro”, afirmó Alsina, y agregó: “Como representante, ante la inquietud, debo averiguar lo que quiere la gente y dejar en libertad  de acción a los miembros. Debemos preservar y encarnizar la justicia. Cada juez debe decidir marchar o no”.

Consideró también que algunos magistrados podrían enfrentar problemas en caso de participar de la movilización: “Entiendo que no sería un motivo para recusar a nadie, pero algunos que politizan la cuestión pueden exponer argumentos de ese tipo”.

“Esta no es la manera”

El Colegio de Abogados de Jujuy también decidió no tomar postura frente a la convocatoria. Así lo confirmó a El Submarino su presidente, Luis Canedi: “El tema fue motivo de consideración por su trascendencia extrema, y el se entendió que no era prudente tomar ninguna posición”, afirmó.

Para el representante de los abogados jujeños, “hay que dejar actuar a los organismos del Estado, que lleven adelante la investigación por los carriles institucionales, y no debe haber presión de ninguna naturaleza”. Canedi entiende que si bien “la presión en los medios y las manifestaciones públicas son legítimas en un estado de derecho, no es menos cierto que estas declaraciones públicas condicionan la investigación y confunden a la población”.

El abogado calificó como “una situación difícil y poco común” lo que acontece en torno de la investigación sobre el atentado a la sede de la Amia, la denuncia de Nisman y su muerte, aunque aseguró: “No creo que haya crisis institucional”.

A título personal, expresó: “Yo no participio de la marcha porque considero que esta no es la manera, porque existen los carriles de la denuncia, el cuestionamiento e incluso el juicio político; pero este no es el carril institucional que se debe observar”. 

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